Víctor Castro, Isidro Jordán, elecciones 2021
Cara a cara
BCS no se merece que
los pillos de la calaña de los Montaño sigan gobernando en su territorio pues,
como sabemos, son los causantes del dolor emocional en varias familias
sudcalifornianas.
Afortunadamente
logramos captar la maldad de estos pillos en varios libros que, si no fueran
ciertos en su contenido, ya estuviéramos en la cárcel por difamadores y
levantadores de falso.
Crónica de una ejecución: Comandante Manuel
Ceseña Cota se construyó con documentos oficiales que nos hizo
llegar el joven policía Carlos Vega, asesinado el 2 de febrero de 2010 al
cumplir su venganza el hoy secretario ejecutivo de seguridad pública, a través
de su brazo armado Joel, el Coreano, Martínez Rosas quien “ideó” el plan para
la ejecución.
El Coreano también
cumplió con el mandato del jefe del cartel de La Misión, ordenando la ejecución
de los hermanos Alcántar López, a través de 4 sicarios que, dos de ellos están
en la cárcel por el homicidio en grado de tentativa del hermano de Antonio,
utilizando la misma ‘técnica’ de bajar el switch de la corriente eléctrica para
obligar a sus dueños salir de las casas y ver la causal de ‘la ida de la luz’.
Al salir estos, dos matones en cada casa, a la misma hora, vaciar sus balas
mortales en la humanidad de las víctimas. Como sabemos Antonio sí murió en el
atentado, no así su hermano que logró sobrevivir a las balas que se le
incrustaron en su cuerpo.
Para el caso
Mañanitas Amador Talamantes, el Coreano utilizó a los hermanos y policías
municipales bajo su orden, de apellidos Yañez, quienes por cierto vieron en el
lugar del asesinato al autor intelectual, mismo que ordenó su desaparición que
hasta la fecha tienen esa misma connotación jurídica. ‘están desaparecidos’
Adversidad Provocada es otro
libro real, basado en documentos que su protagonista Hector Aburto Flores me
hizo llegar después de que salió de la cárcel y que el abogado Noé Gómez le
birló una casa a través del mismo engaño que utiliza con otras personas a
quienes ha despojado de sus bienes pues cuenta con la complicidad de jueces y
notarios para cometer sus fechorías.
Cuarto Dios es un
thriller alternado con documentos oficiales, vivencias personales y escenas
imaginarias para darle mayor énfasis al asesinato del nonacido que cometieron
parte de la mafia blanca apoyada por el primer gobernador del PRD en BCS.
El Narco
Tocó al PRD es otro libro compilado con notas periodísticas que se
publicaron en la revista Cárcel
Propia en sus primeros XV años. Con este libro en la mano
Jesús Ortega, según el dicho de los delegados estatales de ese partido, convocó
a asamblea extraordinaria en febrero de 2008, para exigir la renuncia del líder
nacional pues en el título del libro se le agregaba Con Leonel Cota Montaño. De
acuerdo a las mismas fuentes, Andrés Manuel López Obrador propuso un acuerdo
político para dejar sin efecto la petición de a quien conocen como Chucho
Ortega.
Bien, escribió
Mauricio González de la Garza, en su libro La Última Llamada que los
seres humanos, una vez que se alían en partidos políticos se transforman, se
vuelven mafiosos derribando a su paso cualquier obstáculo. Y tiene razón, en 52
años que tengo estudiando el comportamiento de
la naturaleza humana me he percatado que quienes cometen delitos son las
personas que, al unirse a los millonarios o políticos, se creen poderosos por
proyección y cometen los peores crímenes. La justicia y los ‘estudiosos’ al
servicio de las mafias aseguran que quienes cometen los delitos son los grupos
de las familias disfuncionales. Si ello fuera cierto, no hubiera 99.3% de
impunidad.
La impunidad en México es de 99.3%; no hay
policías ni jueces suficientes: UDLAP
El país es el cuarto con mayor corrupción a nivel mundial luego de que
su sistema de justicia está colapsado en 26 de las 32 entidades. Por si fuera
poco, hay un déficit de 120 mil policías locales.
5.7K
En 26 de las 32 entidades federativas del país, el sistema judicial “está colapsado” por
la falta de policías y de jueces. Esto genera una condición de “impunidad rampante” que
pone en riesgo el futuro del país,
advirtió Gerardo Rodríguez Sánchez-Lara, coordinador del Índice Global de Impunidad México
2018.
Al presentar el estudio, el también profesor de la Universidad de las Américas Puebla,
precisó que esto demuestra que en el país, la impunidad es generalizada y
alcanza niveles alarmantes, que lo colocan en el cuarto lugar a nivel mundial y en el número uno en el continente americano.
“Si solamente se denuncian
de 5 a 4 delitos por cada 100 que se cometen en el país, imagínate,
solamente 5. Y de esos 5, aproximadamente
un 12 por ciento llegan a un tipo de investigación con resolución
favorable o en contra del denunciante, de la víctima, estamos hablando
que la impunidad por delitos
generales en el país es del 99.3 por ciento. La impunidad en el país
es generalizada”.
De acuerdo a #IGIMEX2018, 16
estados de la República Mexicana se ubican en el grupo de Muy Alta impunidad
frente a los 13 que había en 2016.
Mientras gobernaron los Montaño
y los Covarrubias, el sistema de justicia en BCS estaba colapsado, como así lo
demuestra la siguiente gráfica, y es aquí donde el legislativo y el ejecutivo
deben hacer su trabajo: En primer término deben provocar la renuncia del
presidente magistrado ya que, como dicen los morenos, representa al elefante
reumático.
El ejecutivo debería enviar una
iniciativa de ley, de urgente resolución, para invitar a todo el cuerpo
colegiado del poder judicial presente su renuncia y que los nuevos magistrados
sean electos por voto secreto de candidatos independientes, esto es, que no
sean propuestos por los partidos políticos.
El fenómeno del
comportamiento político en BCS lo he estudiado a la par con el de la naturaleza
humana (por 52) años; Desde 1988 me he dado cuenta de los fraudes electorales
de un partido político y de otro. Tengo la fortuna de darle seguimiento a los
diversos actores políticos (así como a los periodistas) y, para el 2021 a los
únicos que veo con aptitudes honestas son al Puchas Castro y al Cuidro Jordán,
aunque el primero se haya metido al sistema con el apoyo de los Montaño. ¡Ese
sería el único prietito en el arroz que le podría hacer daño en el resultado
electoral!, pues cuando era presidente municipal de La Paz, los Montaño, como
ya se dijo, a través del Coreano Martínez Rosas como jefe mandante, mataron al
comandante Manuel Ceseña Cota.
Si el señor Isidro
Jordán Moyrón se candidatea en forma independiente estoy plenamente convencido
que el 60 por ciento de la población lo apoyaría, esto desde luego apuntalado
por las redes sociales. ¿Por qué el 60%? A través de esos más de 50 años de
estudios de campo, me he percatado que es hasta el 40% que logran acarrear o
simular los partidos políticos el día D que votan.
Ha habido elecciones
con más del 40%, y con menos porcentaje también (como cuando se votó por
JOLOPO), los repuntes en el porcentaje han sido las veces que el pueblo ha
sacado a un partido político del poder, o ha intentado hacerlo como 1988 en que
se ‘cayó el sistema’. Lo que importa es BCS. Hubo repunte en 1993 cuando el
pueblo intentó sacar al PRI del poder; enseguida en 1996 también se intentó pero
sendos fraudes electorales, lograron retener a los pillos del PRI que hoy están
en Morena. En 1999 también hubo un repunte pero para nuestra desgracia el triunfador, como venía
de los peor del tricolor, se valió de ese esfuerzo humano para cometer los peores
crímenes que BCS tenga memoria. Como es del dominio público ese pillo ahora
influye en AMLO, mismo que lo llevará a la derrota en 2024.
Buscamos un México
libre
Por esto no queremos
partidos políticos
Masacres del poder
El incendio
de la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, México. En el incendio
fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, todos de entre cinco meses y
cinco años de edad. Ocurrió al propagarse un incendio de una bodega contigua
del gobierno del Estado de Sonora, siendo gobernador del estado Eduardo Bours Castelo y la presidencia de Felipe
Calderón Hinojosa. La estancia infantil privada
funcionaba por el modelo de subrogación por el Instituto
Mexicano del Seguro Social desde el 6 de
agosto de 2001.
De un total de 19 funcionarios involucrados inicialmente
según la Suprema
Corte de Justicia Mexicana (SCJN),123 inicialmente no había
ninguna persona bajo proceso judicial por el hecho, ya que todos habían sido
exonerados,4 hasta que
posteriormente por las presiones sociales han sido condenados 19 de 22
inculpados por la justicia mexicana.5
De entre los
servicios que ofrece el Instituto
Mexicano del Seguro Social de México, existe el de guardería para los hijos de
madres beneficiarias de la seguridad social.6 Al momento de ocurrir
el incendio, el IMSS contaba con 134 guarderías convencionales y mil 500 bajo
el modelo de subrogación, es decir, concesionadas a particulares con estándares
definidos por el propio instituto. Dicha modalidad inició en 1983,7 pero a partir de 2003, luego de realizarse
una modificación a la Ley
General del IMSS, las guarderías subrogadas se
multiplicaron con la flexibilización de los requisitos para establecer una, y
la reducción de la cantidad que el IMSS invertía por niño,8 lo que provocó su
saturación, un detrimento en la calidad de la atención a los menores y que las
guarderías contaran con menos personal. Para junio de 2009, las guarderías
subrogadas a particulares por el IMSS funcionaban en un desorden generalizado
«en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión»7 de las mismas, y solo
14 del total cumplían con la normatividad adecuadamente,7 en tanto 49.9% carecía
de la constancia de protección civil vigente y solo 407 cumplían con el visto
bueno por bomberos locales. Unos 223 mil niños eran resguardados por el IMSS en
ambas modalidades, y según lo observado por la SCJN, hubo una conexión directa
entre el panorama irregular de las guarderías subrogadas y el incendio en la
Guardería ABC.7 Por operar la guardería
el IMSS pagaba por subrogación 422 mil pesos mensuales,9 aproximadamente, y se
encontraba en sobrecupo. De 196 lugares autorizados la guardería tenía cerca de
220 infantes.9 El contrato de
subrogación de la GuarderÍa ABC fue firmado por Juan
Molinar Horcasitas y los socios de la guardería,
asociados legalmente en 2006.9
El incendio
En el predio ubicado en la esquina de las calles
Ferrocarrileros y Mecánicos, de la colonia Y Griega de Hermosillo, Sonora,
funcionaba desde el 6 de agosto de 2001 la Guardería ABC, una guardería subrogada por el IMSS a una
sociedad civil privada constituida por los ciudadanos Marcia Matilde Altagracia
Gómez del Campo Tonella —familiarmente relacionada a Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón y del también gobernador
entonces, Eduardo Bours10—, Sandra Luca Téllez
Nieves y Gildardo Francisco Urquides. El mismo edificio de la guardería era
compartido por una bodega de archivos del Departamento de Control Vehicular de
la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, en la cual se
resguardaban placas de vehículos y un archivo.11 Dicha instalación se
estableció en 2002, una fecha posterior al establecimiento de la guardería y al
momento del incendio no contaba con extintores o alarmas contra incendio.12 Empleados laboraron
desde las 8 de la mañana de ese 5 de junio hasta aproximadamente las 14:35 horas
acomodando placas11 y a su salida afirman
haber apagado los sistemas de aire acondicionado.11
De acuerdo a la versión oficial, el incidente ocurrió
aproximadamente a las 15:00 cuando en la guardería los niños dormían la siesta
y en la bodega se sobrecalentó un sistema de enfriamiento de la bodega que
resguardaba cinco toneladas de documentos, placas vehiculares y tres vehículos.13 El sobrecalentamiento
fundió el aluminio del motor del sistema, lo que provocó que fragmentos en
llamas cayeran sobre lo archivado. El incendio se generalizó en la bodega y se
propagó a la estancia infantil, en la que se encontraban 176 niños resguardados
y aproximadamente 50 empleados. Las llamas fundieron el polietileno aislante
del techo de la guardería, y el fuego, así como vapores tóxicos, invadieron el
área.14 Testigos presenciales
afirman haber escuchado una explosión1415 y luego el inicio del
fuego y una densa columna negra de humo, lo que alertó y animó a quienes se
encontraban cerca a acudir al lugar, entre ellos negocios cercanos como una gasolinera
ubicada en contra esquina.
La falta de detectores de humo, extintores y salidas de emergencia adecuadas, así como la rapidez del incendio
por los materiales inflamables con la que se construyó la bodega, provocaron
los fallecimientos de los infantes, la mayoría por asfixia.
Vecinos de viviendas y negocios cercanos fueron los
primeros en arribar hasta el lugar para realizar labores de rescate, seguidos
de rescatistas, paramédicos y policías, que apoyaban a las educadoras y
asistentes para rescatar a más niños y niñas con vida. Pero la falta de salidas
de emergencia imposibilitaron su entrada a la guardería en llamas,14 por lo que ciudadanos
de áreas cercanas se dieron a la tarea de intentar sacar a las víctimas de la
conflagración que permanecían dentro.19 Destaca la labor de
Francisco López Villaescusa y su padre Héctor Manuel López, quienes hicieron
boquetes en los muros de la guardería para poder sacar a más niños y niñas con
una camioneta marca modelo Silverado 1997 que averiaron,2021 así como la de Juan
López Trujillo «El Cayetano», quien rescató cerca de ocho infantes de entre las
llamas.22 El propio personal de
la guardería trataba de sacar del inmueble a los niños como les era posible, en
una situación de caos generalizado.23 Conforme pasaban los
minutos arribaban hasta el lugar los padres de los niños, muchos de los cuales
recibían atención fuera del sitio del siniestro. En casas aledañas los vecinos
trataban de consolar a los padres de las víctimas y ayudarles a comunicarse con
sus familiares.24 En el traslado de los
niños que eran rescatados del interior del inmueble colaboraron incluso
vehículos particulares y patrullas.
Una hora después arribó al lugar el alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara, y expresó públicamente su pesar. Cerca de las 4 de la tarde iniciaron los
primeros reportes oficiales. Eduardo Bours, gobernador
entonces, manifestó sus condolencias desde Arizona, en donde sostenía una
reunión de trabajo. En tanto padres sin información sobre sus niños recorren
los hospitales de la capital sonorense en búsqueda de información.
El 6 de junio de 2009 algunos de los niños reciben la
visita de Felipe
Calderón y su esposa Margarita Zavala, manifestando que México estaba de luto y promete justicia y castigo a los
culpables.25 Durante ese día y el
siguiente inician la mayoría de los servicios funerarios de las víctimas.
El 9 de junio los dueños de la guardería dieron una
conferencia de prensa. En ella declararon que ignoraban que la guardería se
encontraba en riesgo, y que las inversiones que habían realizado en conjunto
con otros socios respondían a un interés legítimo.
Consecuencias
Reacciones
ante la tragedia
Nuestros
pensamientos, nuestras acciones y nuestras oraciones están con las familias que
hoy están viviendo esta terrible situación. Como mexicano, como padre de
familia, como Presidente de la República estoy, verdaderamente, entristecido y
consternado desde el momento en que me enteré de esta tragedia
·
El papa Benedicto XVI externó su
pesar por el deceso de los infantes y envió su apoyo a los padres de las
víctimas, para después advertir que se encontraba profundamente apenado por una
situación de este tipo, mediante un telegrama mandado al Arzobispo
de Hermosillo.
·
En la ceremonia del
primer aniversario de la tragedia, el gobernador recientemente electo Guillermo
Padrés pidió públicamente perdón a los padres y a las víctimas.30
Los padres de las víctimas conformaron a los pocos días
diversos movimientos sociales agrupados en organizaciones que se han dedicado
desde entonces a solicitar justicia por el hecho. Entre las organizaciones se
encuentran Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio A.C. y Manos Unidas
por Nuestros Niños.
De entre las acciones sumadas desde 2009 por la sociedad
civil en torno al caso se encuentran marchas en las principales ciudades de
México, festivales culturales, ciclos de conferencias informativas, charlas de
apoyo psicológico, plantones, rodadas en bicicleta así como trabajo jurídico
antes distintas instancias para la resolución del caso y la búsqueda de
audiencias ante los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de México.
Responsabilidades
jurídicas
El sábado 18 de julio de 2009, Daniel Karam Toumeh, cesó a Carla Rochín Nieto, coordinadora nacional de guarderías y a José Antonio Salazar Salazar,
director de prestaciones económicas y sociales del IMSS.31
Por la tragedia también fueron removidos de sus cargos:
·
Arturo Leyva, delegado
estatal del IMSS
·
Emigdio Martínez, jefe
delegacional de Prestaciones Económicas y Sociales
·
Noemí López,
coordinadora delegacional de Guarderías
·
Delia Irene Botello,
coordinadora zonal de Guarderías en Hermosillo
El 6 de agosto de 2009, a solicitud de padres de los
niños víctimas del incendio, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación de México, inició una investigación por su cuenta al ser un caso
relevante y que tendría solamente efectos informativos y no vinculativos,
independientemente de las investigaciones que se realizaron.13 Dicho informe reveló
que al momento de la tragedia, existía un desorden generalizado en la cesión de
contratos de guarderías infantiles a particulares por parte del IMSS, y en la
supervisión y vigilancia en la protección civil en dichos espacios.
En junio de 2012 tres años después, solo funcionarios
menores han sido imputados penalmente por la tragedia, y solo Delia Irene
Botello fue encarcelada de 2011 a 2014, cuando fue liberada por desvanecimiento
de datos. Ninguna instancia federal o estatal aceptó llevar a juicio a los
copropietarios de la guardería ABC –entre quienes se encontraban familiares de
integrantes del gabinete del exgobernador de Sonora Eduardo Bours y de la
esposa del titular del Ejecutivo federal, Margarita Zavala– como solicitaron algunos padres de niños fallecidos.
Durante la campaña
electoral de 2012, Josefina Vázquez Mota apartó a Molinar
Horcasitas por los posibles daños que su papel en el asunto
del incendio de la guardería hubiera podido tener sobre la candidata. Padres de
familia de las víctimas señalaron entonces que en su opinión tanto sobre
Molinar como sobre Lozano Alarcón, cuya dependencia tenía la responsabilidad de
supervisar las condiciones de seguridad de la guardería incendiada, existía una
responsabilidad política similar a la que recae sobre el extitular del IMSS.
El 12 de agosto de 2015 la Procuraduría General de la República solicitó al juez Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez acción penal contra 22
empleadas de la guardería ABC acusándolas de lesiones culposas, al considerar
que no hicieron nada por salvar la vida de los niños. La acusación fue
desestimada por el juez del caso al considerar lo contrario. Entre las
acusadas estaban la directora, educadoras, pedagogas, cocineras, encargadas de
limpieza, una vigilante y una enfermera
El 14 de mayo del 2016 el Juzgado Primero de Distrito en
el Estado de Sonora impuso condenas, que van desde los 20 hasta los 29 años de
prisión a 19 de los 22 implicados en el caso.
Estos son:
·
La Jefa del
departamento de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social - 29 años
de prisión
La Jefa del
departamento de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social - 29 años
de prisión
·
El delegado Estatal en
Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social - 28 años de prisión.
·
La representante legal
(28 años de prisión) y el secretario del consejo de administración de la
Guardería ABC (28 años de prisión)
·
El director de
Protección Civil de la Secretaría del Ayuntamiento de Hermosillo - 28 años de
prisión
·
El director de Bomberos
de Hermosillo - 28 años de prisión.
·
El jefe de Departamento
adscrito a la Dirección de Bomberos de Hermosillo - 28 años de prisión
·
El titular de la Unidad
Estatal de Protección Civil - 28 años de prisión
·
El director de
Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Hermosillo - 28 años de prisión.
·
A los empleados del área
de Control Vehicular y de la Agencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Sonora - 20 años de prisión
·
Al director general de
Recaudación y al subdirector de Control Vehicular - 20 años de prisión.
Solo las supervisoras de zona de guarderías del IMSS
Irene Botello Amante, Yadira Barreras e Irma Crescencia Díaz Gámez, libran la
cárcel inclusive pudiendo llegar a quedar absueltas de todo cargo.
Juicios ciudadanos
El 5 de mayo de 2010, organizaciones ciudadanas
realizaron un juicio ciudadano, sin validez jurídica, en la ciudad de
Hermosillo. Después de deliberar en distintas mesas de trabajo y realizar una
evaluación de la actuación de las distintas autoridades involucradas en el
incendio, declararon culpables a distintos funcionarios por su presunta
participación, así como a los propios dueños de la guardería, emitiendo una
condena pública con efectos informativos. El 29 de mayo de 2011 en la Ciudad de
México, otro tribunal ciudadano compuesto por activistas, juristas y académicos
condenó a distintas instancias de gobierno, en tanto que a Daniel Karam Toumeh y a Molinar
Horcasitas los condenó a trabajos comunitarios y denegación
del servicio público.
Peritajes
Primer peritaje
El primer peritaje hecho por la fiscalía mexicana
determinó que el fuego fue causado por un sobrecalentamiento en un sistema de
enfriamiento de la bodega contigua a la guardería.
Segundo peritaje
El 4 y 5 de enero de 2010 el perito y consultor estadounidense
David Smith determinó en un segundo peritaje no encontrar indicios de actividad
eléctrica como causa del fuego y halló evidencias de que el fuego pudo haber
iniciado en cajas de archivo en la bodega de forma intencional. La labor de
peritaje de Smith fue integrada formalmente al expediente del incendio por la
PGR. El 13 de mayo de 2010 en una visita a Hermosillo el entonces secretario de
Gobernación, Fernando Gómez-Mont, respaldó la hipótesis del incendio provocado.
Tercer peritaje
Ante la presión de los distintos grupos de víctimas, la
fiscalía mexicana encargó un tercer peritaje a la empresa LWG Consulting,
diligencia a la cual los padres de las víctimas se opusieron al afirmar que no
fueron notificados del mismo, como lo indican en su juicio las leyes mexicanas.
El 3 de junio de 2010 es publicado en
el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual «se
declara día de duelo nacional el 5 de junio, por la tragedia ocurrida en la
"Guardería ABC, Sociedad Civil" en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio
de 2009» y «en señal de duelo nacional, se acuerda el izamiento de la Bandera
Nacional a media asta el día 5 de junio de cada año.»
Ley 5 de
Junio
Derivado del activismo de los padres de las víctimas y de
organizaciones ciudadanas, a partir de la tragedia fue modificado a profundidad
la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, marco jurídico que regula el funcionamiento de las guarderías a nivel
nacional. Fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2011.
Referencias culturales
El documental ABC: nunca más de Pedro Ultreras,
que narra el hecho a través de testimonios de los propios padres afectados.
·
Un episodio de la serie
mexicana La rosa de Guadalupe recrea la tragedia
vivida en la Guardería ABC. En este caso, el nombre de la estancia fue cambiado
a 123".
·
También hay un episodio
de la serie mexicana Lo que callamos las mujeres recreado en esta tragedia, titulado «Santos Inocentes».
·
La canción de la
agrupación mexicana conocida como: "Los Tigres del Norte" titulada:
"La Guardería", que se desprende de su álbum titulado:
"Realidades", incluye esta canción en la que, además de mencionar los
acontecimientos, también hace una crítica al sistema político y social
mexicano.
Hoy, el gobierno de AMLO dice que reabrirá el caso.
Sucederá lo mismo que el caso Ayotzinapa, será sólo simulación para jalar agua
a su molino debido a la proximidad de las elecciones estatales en Sonora.
Desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa
La desaparición
forzada de Iguala de 2014 fue una serie de episodios de violencia
ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el que la policía municipal de Iguala y estatal de Guerrero (220 km al sur de la ciudad de México)
persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa (257 km al
sureste de Iguala) a los cuales acusaban de haber tomado de forma ilegal autobuses en la terminal local. En dicho ataque habrían resultado heridos periodistas y
civiles. Los hechos dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas,
43 estudiantes desaparecidos de esa escuela normal rural y 27 heridos.
Antecedentes
Las escuelas normalistas de Guerrero, en especial la
Normal Isidro Burgos, están asociadas a las luchas sociales y a la guerrilla de
los años 70, con las figuras icónicas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Por tanto, la Normal Isidro Burgos siempre ha sido marcada por tener
una fuerte tendencia de izquierda y un conocido historial de violencia
callejera. Los alumnos de la normal de Ayotzinapa tenían un historial de
secuestro de autobuses para sus traslados, lo que ocasionaba enfrentamientos
con la policía. El 12 de diciembre del 2011 en Chilpancingo, capital de Guerrero, un enfrentamiento entre normalistas y la policía federal y estatal,
conocido como el conflicto
de Ayotzinapa, dejó un saldo de dos estudiantes muertos. Un trabajador
falleció por quemaduras cuando los estudiantes intentaron incendiar una
gasolinera en ese mismo episodio.
Como parte de un plan para asistir a la Ciudad de México el día 2 de octubre del 2014 a las manifestaciones
conmemorativas de la masacre de Tlatelolco, los estudiantes habían estado secuestrando autobuses y combustible a lo
largo de una semana,12 para concentrarlos en
la escuela. El día 22 de septiembre, las fuerzas de policía federal y estatal
impidieron que los estudiantes robasen combustible en la Autopista del Sol, que conduce a Acapulco. Los días 25 y 26 de septiembre los estudiantes habían ido a Chilpancingo en dos
autobuses, de los que previamente se habían apoderado, e intentaron apoderarse
de otros vehículos, pero la policía local les impidió lograrlo,13 sin arrestarles y/o
confiscarles las unidades en que iban. Frustrados en su intento, los
estudiantes pasaron a la cercana ciudad de Iguala en la tarde del
día 26 para buscar más vehículos en al menos tres autobuses robados; uno de la
línea Costa Line (num. 2513) y dos de la línea Estrella de Oro (nums. 1531 y
1568). Al llegar a la central camionera de Iguala se apoderaron de tres
autobuses más; dos de la línea Costa Line (nums. 2510 y 2012).15 y uno de la línea
Estrella Roja (num. 3278), asimismo hubieron de abandonar el Costa Line 2513 al
escapar el chofer con las llaves del vehículo. El chofer del Costa Line 2510
se resistió a la toma al ser abordado por los estudiantes en la central
camionera,17 y logró notificar a
sus superiores y a la policía antes de ser superado y obligado a llevar el
autobús a Ayotzinapa con algunos estudiantes como pasajeros.18 De casi cien
estudiantes de Ayotzinapa que iban repartidos en los cinco autobuses, solamente
dos eran de tercer año y seis de segundo año. El resto se conformaba por los
alumnos de reciente ingreso cursando el primer año y que iniciaban apenas esa
semana sus estudios en la escuela rural. Antes de salir de la escuela para
efectuar estas actividades ninguno de este grupo de primer año sabía con precisión
a dónde iban ni por qué.
Por su parte, en
la ciudad de Iguala, era alcalde desde 2012 el perredista José
Luis Abarca Velázquez, ex comerciante
de joyería, al cual se le acusa de estar coludido con el grupo criminal Guerreros Unidos, a quienes aparentemente pagaba protección. Abarca está casado con María de los Ángeles Pineda, quien sería el enlace del gobierno municipal con el crimen organizado. Varios hermanos de Pineda fueron miembros del desaparecido Cártel
de los Beltrán Leyva. Asimismo, Pineda era
directora local del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF). En México se acostumbra que la esposa del alcalde en turno sea quien
dirija la oficina municipal correspondiente del DIF. A pesar de que la pareja
había sido acusada de participar en varios delitos y de que diferentes ramas
del gobierno estatal tenían conocimiento de estas acusaciones, no había acción
legal alguna en contra de ellos.
La noche del 26 de septiembre, el DIF de Iguala dio una
fiesta para celebrar los logros obtenidos bajo la dirección de María de los
Ángeles Pineda. Se dice que se planeaba lanzar en ese mismo evento la
candidatura de Pineda a la alcaldía (Abarca terminaba su periodo en 2015).
Desarrollo
de los sucesos
Primer
ataque
Tras la toma de los últimos tres autobuses en la central
camionera de Iguala, cuatro de los autobuses formaron una caravana y debido al
denso tránsito vehicular en las calles tomaron rumbo hacia el norte, con
el Estrella
de Oro 1531 a la cabeza, seguido de los Costa Line 2012 y 2510
en ese orden y finalmente el Estrella de Oro 1568.14 Iban hacia el anillo
periférico de Iguala, para de allí enfilar hacia Ayotzinapa. Ello los haría pasar a
una cuadra del festejo del DIF. Sin embargo, alertados
por el aviso del chofer, la policía los comenzó a perseguir a tres cuadras de
la central camionera, en un intento por impedir que la comitiva se acercase al
festejo.18 El Estrella Roja 3278
salió el último de la estación, con suficiente retraso como para encontrar el
tránsito hacia el sur despejado, por lo que enfiló en esa dirección para llegar
a la carretera a Chilpancingo.
De acuerdo con declaraciones del fiscal guerrerense,
Iñaky Blanco Cabrera, el primer episodio de violencia ocurrió a las 21:30
horas,2122 cuando la policía
logró interceptar el paso de los cuatro autobuses encaminados al norte mediante
una camioneta que bloqueó su avance18 en la esquina de las
calles Juan N. Álvarez y Periférico Norte.23 Los alumnos bajaron de
los autobuses para intentar empujar fuera del camino la camioneta, y se
enfrentaron a los policías, que también llegaban. Cuando el estudiante Aldo
Gutiérrez Solano forcejeó y sometió a uno de los policías, agentes de la
Policía Municipal de Iguala abrieron fuego contra él, hiriendo gravemente a
Gutiérrez Solano18 y matando a su
compañero Daniel Solís Gallardo.
La balacera inicial puso en desbandada a los estudiantes
normalistas, varios de los cuales se refugiaron en los espacios entre los
autobuses detenidos. Otros más escaparon como pudieron a los alrededores; sin
embargo, la policía de Iguala se llevó bajo arresto a la mayoría de los
estudiantes que no habían podido bajar de los autobuses.18 La mayor parte de los
arrestados provenía del último autobús en la fila (el Estrella de Oro 1568).14
Durante el ataque varios de los estudiantes normalistas
lograron comunicarse por teléfono celular con compañeros que se habían quedado
en Ayotzinapa. Estos alumnos, enterados de los incidentes, enviaron otro convoy
de estudiantes en varias camionetas para recorrer los 126 km de distancia
entre Ayotzinapa e Iguala, para ayudar a sus compañeros atacados en Iguala.
Los estudiantes en el autobús Estrella Roja 3278 fueron
también alertados por teléfono del primer ataque ocurrido; al enfilar el
vehículo hacia el lugar del incidente para auxiliar a sus compañeros atacados,
el autobús quedó atascado en medio del tránsito vehicular e interceptado por la
policía. Detenido el autobús, los estudiantes fueron obligados a bajar y
encañonados con armas de fuego. Confiscado el autobús sin disparar un tiro, la
policía en lugar de arrestar a los estudiantes, les permitió huir del lugar por
su propio pie.
Segundo
ataque
El segundo convoy de estudiantes, que llegó alrededor de
las 23 horas de la noche del 26, se encontró con algunos de los compañeros que
no habían sido llevados por la policía, entre ellos los que bajaron del
Estrella Roja 3278.27 Los estudiantes,
acompañados por profesores pertenecientes a la CETEG (Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación de Guerrero), comenzaron a inspeccionar el lugar y
a buscar a cualquier otro alumno oculto tras la balacera. Asimismo, daban
entrevistas a la prensa que iba llegando por el primer ataque en contra de sus
compañeros. Seguían en el lugar alrededor de la medianoche cuando fueron
atacados una vez más por un grupo que llegó de repente y que, según testigos
presenciales, disparaba ráfagas en su contra.28En este ataque
fallecieron dos estudiantes más, llamados Julio César Ramírez Nava y Julio
César Mondragón Fuentes;24 mientras que el resto
huía en desbandada y se ocultaba en los cerros circundantes o en las azoteas de
las casas de Iguala.
Casi al mismo tiempo,
a la salida de Iguala, en la autopista a Chilpancingo, otro grupo de
policías disparó contra un autobús que transportaba a los integrantes del
equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, de la tercera división. El equipo
de fútbol no estaba involucrado en los hechos y aparentemente fue confundido
por la policía como otro autobús más del convoy de los estudiantes normalistas.
Este equipo era de Chilpancingo e iba de
regreso a su sede tras un partido como visitante en Iguala. En este ataque
perecieron tres personas: David Josué García Evangelista (de 15 años
de edad, uno de los futbolistas), Blanca Montiel Sánchez (pasajera de un taxi
que pasaba por el lugar) y Víctor Manuel Lugo Ortiz (chofer del autobús que
conducía a los jugadores de vuelta a Chilpancingo). El director técnico del
equipo resultó herido y fue internado grave.
Investigación oficial
La mañana del día 27 de septiembre elementos del Ejército
Mexicano encontraron a las 11 horas el cuerpo de Julio César Mondragón, uno de
los normalistas muertos en el segundo ataque. Su rostro había sido desollado.1632Los primeros informes
reportaron la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Nacional Rural
de Ayotzinapa presuntamente atacados y secuestrados por policías municipales
de Iguala.33El 30 de septiembre, se
informó que 14 de ellos se encontraban salvos en sus casas, mientras que 43
permanecían en calidad de desaparecidos.34Ese mismo día, se
señaló al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como presunto autor
intelectual de las desapariciones forzadas y como el responsable de dirigir
desde un radio a fuerzas policíacas del Estado para proceder con los actos del
26 de septiembre.35El 29 de septiembre,
Abarca dijo que él había ordenado a la policía no atacar a los normalistas, a
quienes acusó de pretender atacar a los invitados que estarían presentes en el
segundo informe del DIF municipal, del cual su esposa, María de los Ángeles Pineda, era la
presidenta.
La búsqueda de los 43 estudiantes por parte de padres de
familia junto con normalistas, que fueron resguardados por elementos de la
Fuerza Estatal, inició el mismo 29 de septiembre, intensificando el operativo
al buscar posibles cadáveres en fosas comunes.
El sábado 4 de octubre se descubrió en los alrededores
de Iguala una fosa
clandestina con 28 cadáveres sepultados en ella. Eventualmente los análisis
forenses dictaminaron que estos cuerpos no correspondían con ninguno de los 43
normalistas desaparecidos ignorándose hasta la fecha la identidad de los
cuerpos.
El día 8 de octubre fueron detenidos en Cuernavaca, Morelos, Osvaldo Ríos
Sánchez y su hermano Miguel Ángel, sospechosos de haber participado en la
desaparición. Los hermanos Ríos Sánchez confesaron su involucramiento y el
haber estado bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado, uno de los líderes
de Guerreros Unidos. Al día siguiente la PGR encontró otras 4
fosas con ocho cadáveres en total en el paraje de La Parota, en la localidad de
Pueblo Viejo, Guerrero. Sin embargo, estos hallazgos tampoco correspondían con
los 43 normalistas desaparecidos.
Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, informó el 13 de octubre de 2014 que
aparentemente elementos de la Policía de Iguala, tras arrestar a los 43
estudiantes desaparecidos, siguieron instrucciones de Abarca y entregaron a los
detenidos a oficiales de la Policía del vecino municipio de Cocula. A su vez,
estos policías de Cocula procedieron
a entregar a los estudiantes a miembros del cártel de los Guerreros Unidos.40
De acuerdo a testimonios de los hermanos Ríos Sánchez,
Ángel Casarrubias Salgado habría dado la orden de matar a los estudiantes
entregados a los Guerreros Unidos, aparentemente en la creencia de que entre
los estudiantes normalistas se encontraban infiltrados elementos del cártel
rival de Los Rojos.
Según declaraciones de otros miembros capturados de los
Guerreros Unidos, los estudiantes fueron llevados al basurero municipal de
Cocula hacinados en dos camionetas. Al arribar, quince de los estudiantes
habían muerto de asfixia al bajarlos debido al hacinamiento y las ataduras. Una
vez bajados los estudiantes sobrevivientes de las camionetas, se interrogó
brevemente a cada uno antes de proceder a matarlos de un balazo en la nuca.
Después los tiraron a la parte baja del basurero donde incineraron los cuerpos,
haciendo relevos para vigilar el proceso y mantener el fuego durante horas
arrojando combustible a los cuerpos. Al terminar se ordenó a los vigilantes del
fuego que recogiesen las cenizas y triturasen los huesos restantes para
meterlos en bolsas de plástico y arrojarlas al río San Juan.
Informe de
la Procuraduría General de la República
La Procuraduria
General de la República confirmó el día 7 de noviembre de 2014,
que existen indicios de un homicidio masivo en un basurero de Cocula, Guerrero,
el cual podría corresponder a los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en el Estado de Guerrero. Según el testimonio de tres nuevos detenidos que confesaron cometer el
crimen.
El procurador Jesús Murillo Karam, hizo el anuncio en una conferencia de prensa en cadena nacional. Indicó
que las personas detenidas dijeron que los estudiantes fueron asesinados
después de que policías de los municipios de Iguala y Cocula los
entregaran al grupo criminal «Guerreros Unidos». Sus cadáveres fueron quemados,
después se depositaron los restos en bolsas y fueron arrojados en un río
cercano.
El 27 de enero de
2015, la PGR notificó del avance de las investigaciones de la desaparición,
aclarando que era prácticamente un hecho que el grupo Guerreros Unidos,
vinculado al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, había secuestrado,
asesinado, incinerado y desaparecido en un río, las cenizas de los 43
normalistas. De acuerdo a la versión oficial de la PGR, el grupo rival
antagónico de Guerreros Unidos: Los Rojos, junto con el director de la Normal,
José Luis Hernández,44 habían alentado o
apoyado a los estudiantes a la manifestación en contra del alcalde de Iguala.
En la confusión de esa noche, de si eran estudiantes o del grupo rival Los
Rojos o una mezcla de ambos, el cartel de Guerreros Unidos tomó la decisión de
ejecutarlos como normalmente lo hacía con grupos antagónicos y apoyado por las
autoridades de Iguala, ante el agravio constante por los normalistas y sus
frecuentes protestas, como aquella donde incendiaron una gasolinera en un
bloqueo a la autopista del Sol, donde murió por quemaduras el empleado de la gasolinera.
Rechazo al
informe
Los padres de familia y acudientes de los estudiantes y
víctimas de la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa rechazaron la
información brindada por las autoridades federales mexicanas sobre las muertes
de sus hijos y acudidos porque carecía de un sustento científico y técnico,
dijeron que sus hijos están vivos hasta que no haya una certeza de su deceso.
También en la conferencia de prensa criticaron al presidente Enrique Peña Nieto que se disponía a realizar un viaje a la República
Popular China y a Australia cuando la crisis
política por las desapariciones se mantiene en el país. El ex candidato
presidencial del izquierdista Partido
de la Revolución Democrática, Andrés
Manuel López Obrador dijo: «El gobierno
mexicano quiere dar carpetazo al crimen para que México regrese a la normalidad
como si fuese un asunto menor» (ahora, como presidente de la república de hace
como el Tío Lolo)
Un Extraño Enemigo1 es una serie de televisión mexicana de ficción, que
recrea el movimiento estudiantil de 1968 y tiene como argumento principal la vida y trayectoria de Fernando
Barrientos –personaje inspirado en el político mexicano Fernando Gutiérrez Barrios—, en el
papel protagonista, quien es el jefe de la policía secreta mexicana y un hombre
con una enorme ambición por el poder.
Producción
La serie es una producción de Televisa
para Amazon Prime Video.2 Su estreno se programó para el 2 de octubre de 2018,
fecha en la que se conmemoran 50 años de la llamada “Matanza de Tlatelolco” y
el trágico final del movimiento estudiantil. El director de la serie es el
productor, escritor, editor y director mexicano Gabriel Ripstein , quien
también es uno de sus productores ejecutivos y escritores.
Entre los productores ejecutivos destacan
también Eduardo Clemesha,5 Marco Polo Constandse,6 Andrea Gamboa,7 Leopoldo Gómez,8 Emilio Azcárraga Jean,9 Gabriel Ripstein10 y Avelino Rodríguez.11
Reparto
La serie Un Extraño Enemigo consta de ocho
capítulos13 y es protagonizada por el actor Daniel Giménez Cacho,
Antonio de la Vega y Fernando Becerril.
Toma de la ciudad
universitaria
La toma de
la Ciudad Universitaria de la UNAM se refiere a la ocupación de elementos del ejército mexicano de distintos recintos de la universidad como parte de los eventos
del Movimiento
de 1968 en México, ocurrida el 18 de septiembre de
1968.
Antecedente
Se reporta que antes de la ocupación, el gobierno federal
de México percibía que "el poder estudiantil había llegado a extremos
delirantes dentro de los recintos escolares, particularmente después de una
celebración del Grito de Dolores celebrado el 15 de septiembre. En lo general, la percepción del
gobierno hacia el movimiento estudiantil era sumamente negativa, afirmando que
«se había violado francamente la autonomía universitaria», se excitaba «al
pueblo a rebelarse contra el gobierno», entre otras posturas en contra del
movimiento.1
«Es del dominio general que varios locales escolares o
que son edificios públicos, por ser propiedad de la nación y estar destinados a
un servicio público habían sido ocupados y usados ilegalmente, desde fines de
julio último, por distintas personas, estudiantes o no, para actividades ajenas
a los fines académicos. »Estas mismas personas han ejercido el derecho de
plantear demandas públicas; pero también, casi desde el anonimato, han planeado
y ejecutado actos francamente antisociales y posiblemente delictuosos.»
En contraparte, el movimiento era considerado por ciertos
intelectuales como "una amplia y viril campaña política en defensa de los
derechos y libertades democráticas de todo el pueblo mexicano",3:307 afirmación
desplegada en público y firmada por Arturo Warman (en ese
entonces catedrático en la Universidad Iberoamericana), el escritor Ermilo Abreu Gómez,
el antropólogo Guillermo
Bonfil Batalla el historiador Arturo Azuela, la
arqueóloga Eulalia Guzmán la
artista Fany
Rabel el economista José
Luis Ceceña, y los escritores Carlos Monsiváis y José Revueltas 4 Las manifestaciones
anteriores, el 13 y 27 de agosto, ya habían "encendido el entusiasmo de
espectadores hasta entonces indiferentes (...) Hasta ese día ninguna
demostración antigubernamental en la historia de México había levantado tanta
ámpula. Y tanta esperanza"5
Se ha especulado6 con que la ocupación
tenía como objetivo garantizar la protección del Estadio Olímpico que se
encuentra en el campus, ya que sería sede de la inauguración y clausura de
los Juegos
Olímpicos de México 1968, como se enfatiza en
documentos de seguridad del gobierno estadounidense.7 A su vez, la
Secretaría de Gobernación afirmó que el propósito oficial fue la detención de
los integrantes del Consejo
Nacional de Huelga, que se encontraban en en el
auditorio de la Facultad de Medicina.
Un hecho que refuerza esta última hipótesis es el hecho
de que en la mañana del mismo 18 de septiembre, llegó a la Facultad de Ciencias
una carta dirigida al Consejo Nacional de Huelga de parte de Luis Echeverría (en ese entonces secretario de Gobernación), en la cual se solicitaba
al consejo nombrar representantes lo más pronto posible para resolver el
conflicto a pocas semanas del inicio de las Olimpiadas. Este acto fue
denunciado como una trampa por un integrante del Consejo:8
«La carta tenía tal importancia política que era seguro
que a las ocho de la noche de ese día el CNH en pleno estaría discutiendo, en
el auditorio de Medicina, tanto las condiciones como sus representantes para el
diálogo con el gobierno. Con esa absoluta seguridad, a las 10 de la noche el
Ejército rompe el silencio y toma Ciudad Universitaria.»
Salvador Martínez della Rocca, Comité de Lucha de la Facultad
de Ciencias
Ocupación
A las 10 de la noche del 18 de septiembre de 1968, un
grupo de 10 mil soldados, bajo el mando de los generales Gonzalo Castillo
Urrutia y José Hernández Toledo,9 ocuparon con tanques y
camiones los recintos universitarios, comenzando con la torre de Rectoría, en
la que obligaron al entonces secretario de la Universidad (Jorge Ampudia) a
entregar las llaves del edificio. Así mismo, se dispusieron más columnas de
soldados hacia la salida sur de la Universidad, sobre la Avenida
de los Insurgentes10 y Copilco.11
En la ocupación,
se detuvieron a estudiantes, maestros y padres de familia, así como a personal
administrativo de la universidad, que se encontraban en distintos puntos del
campus. Los detenidos fueron concentrados en la explanada de la rectoría sin
ofrecer resistencia.1
Posteriormente, elementos del ejército se dedicaron a
izar por completo la bandera de México, que se encontraba a media asta desde el 29 de
julio.1 Ante ello, algunos de
los detenidos se levantaron de sus posiciones pecho en tierra y comenzaron a
entonar el Himno
Nacional Mexicano11
El ejército desplazó así mismo a fotógrafos y
camarógrafos de la prensa que se encontraban presentes.11
Poco después de la media noche del 19 de septiembre, se
llevaron a los detenidos en 20 camionetas.1 Se reportan 1,500
personas arrestadas y llevadas a la prisión de Lecumberri o a instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.11
Secuelas
Al día siguiente, 19 de septiembre, el diputado Luis M.
Farías busca justificar la ocupación mencionando que fue una medida tomada como
respuesta a la incapacidad de la universidad de «restablecer el orden» y que
debería agradecer la medida adoptada por el gobierno federal. Llamó a la
universidad a pedirle al gobierno «le sean devueltos los edificios para
destinarlos a los fines para los que fueron creados: la enseñanza y la
investigación».12
Por su parte, el entonces rector de la Universidad Javier Barros Sierra se pronunció en contra de la movilización y el gobierno del
presidente Gustavo Díaz Ordaz:
«La ocupación militar de Ciudad Universitaria ha sido un
acto excesivo de fuerza que nuestra casa de estudios no merecía. De la misma
manera que no mereció nunca el uso que quisieron hacer de ella algunos universitarios
y grupos ajenos a nuestra institución. La atención y solución de los problemas
de los jóvenes requieren comprensión antes que violencia.»
Javier Barros Sierra, 1968
El 20 de septiembre, una fracción de la cámara de
Diputados solicita el retiro inmediato del ejército.2
Las instalaciones de la UNAM fueron entregadas por el
ejército el 30 de septiembre del mismo año. A la retirada de los ocupantes, se
reportaron pérdidas materiales de varias facultades, incluyendo pero no
limitado a máquinas de escribir, cámaras, proyectores, banderas, dinero en
efectivo, efectos personales de varios académicos y mobiliario en general de las
escuelas de la universidad.13
Tlatelolco,
verano del 68
Tlatelolco,
verano del 68 es una película basado
en hechos reales realizada en 2013, que trata sobre los
acontecimientos sucedidos en la ciudad de México en los meses previos a los Juegos Olímpicos de 1968.
Argumento
En medio de las protestas del Movimiento del 68 hay dos adolescentes, de distintos estratos sociales Félix (Christian
Vázquez) y Ana María (Cassandra Ciangherotti)
con una historia de amor que está a punto de comenzar. La historia comienza con
el aumento de la represión por parte del gobierno de Díaz Ordaz al movimiento
estudiantil en los meses previos a la Masacre del 2 de octubre de 1968. La
relación de Ana María y Félix transcurre en el contexto de represión,
desapariciones forzadas y un intento de invisibilizar la protesta social.
Masacre de Tlatelolco
La masacre
de Tlatelolco fue el asesinato de estudiantes y civiles por
militares y policías el 2 de octubre de 1968 en la Plaza
de las Tres Culturas en la sección
de Tlatelolco de la Ciudad de México. Los eventos se consideran parte de la Guerra
sucia en México, cuando el gobierno utilizó sus
fuerzas para reprimir a la oposición política. La masacre ocurrió diez días
antes de la apertura de los Juegos
Olímpicos de 1968.
En aquel
entonces, el gobierno y los medios de comunicación en México afirmaron que las
fuerzas gubernamentales habían sido provocadas por los manifestantes que les
disparaban,1 pero los documentos
gubernamentales publicados desde 2000 sugieren que los tiradores habían sido
empleados por el gobierno. El jefe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional informó que 1345 personas fueron arrestadas.2 Según los Archivos de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kate Doyle, analista principal de política estadounidense en América Latina, documentó la
muerte de 44 personas;3 sin embargo, las
estimaciones de la cantidad de muertos real oscilan entre 300 y 400, con
testigos presenciales informando cientos de muertos.45
Antecedentes
El año 1968 en la Ciudad de México fue una
época de expansión y la eliminación de barreras: un momento para forjar
alianzas entre estudiantes, trabajadores y los pobres urbanos marginales y
desafiar el régimen político. Fue un momento de gran esperanza, aparentemente
al borde de la transformación. Los estudiantes estaban en las calles, en las
plazas, en los autobuses, formando brigadas, «yendo a la gente». Había comités
de movimiento en cada escuela y experiencias emocionantes de discusión,
exploración y práctica democrática. No había líder central. Se reclutaron familias,
edificios de departamentos y barrios enteros. Se estaba produciendo una
revolución, no la revolución del Che, sino una revolución desde dentro del
sistema, no violenta, impulsada por la euforia, la convicción y la emoción de
la experimentación en el terreno.
—— Dissent Magazine
El gobierno mexicano invirtió $ 150 millones (Del pueblo mexicano) en preparación para los Juegos
Olímpicos de 1968 que se celebrarían en la Ciudad de México.7 El presidente de
México, Gustavo Díaz Ordaz, luchó por mantener al pueblo callado y entretenido en un momento de
creciente tensión social, y su administración reprimió los movimientos de sindicatos
independientes, agricultores, y tomó drásticas medidas al tratar de dirigir la
economía. En 1958, bajo la administración anterior de Adolfo López Mateos, el líder sindical Demetrio Vallejo había tratado de organizar sindicatos ferroviarios independientes,
que el gobierno mexicano rápidamente terminó. Arrestó a Vallejo bajo una
violación del artículo 145 del Código Penal, que definió la «disolución social»
como un delito.8
El movimiento estudiantil en la Ciudad de México creció
rápidamente a raíz de la reacción a la violenta represión de las luchas entre
«porros» (pandillas) rivales, que incluyó a grandes segmentos de estudiantes
que no estaban satisfechos con el régimen del PRI. Estos estudiantes fueron asesinados. Sergio Zermeño ha argumentado que
los estudiantes estaban unidos por un deseo de democracia, pero su comprensión
de lo que significaba la democracia variaba ampliamente.9
Consejo
Nacional de Huelga
Formado oficialmente después de la violación de la
autonomía universitaria del gobierno mexicano durante el verano de 1968,
el Consejo
Nacional de Huelga (CNH) organizó todas las
protestas posteriores contra el gobierno de Díaz Ordaz.10 La CNH era una
delegación de estudiantes de 70 universidades y escuelas preparatorias en
México; coordinó protestas para promover reformas sociales, educativas y
políticas.11 En su apogeo, la CNH
tenía 240 delegados estudiantiles y tomó todas las decisiones por mayoría de
votos, tenía la misma representación de mujeres estudiantes y redujo la
animosidad entre las instituciones rivales.11 Raúl Álvarez Garín,
Sócrates Campos Lemus, Marcelino Perelló y Gilberto Guevara Niebla fueron los
cuatro líderes de facto de la CNH.8 A medida que el mundo
se enfocaba en la Ciudad de México para los Juegos Olímpicos, los líderes de la
CNH buscaron lograr un progreso pacífico para agravar las quejas políticas y
sociales.
1.
Derogación de los
artículos 145 y 145b del Código Penal (que sanciona el encarcelamiento de
cualquier persona que asista a reuniones de tres o más personas, que se
considera que amenazan el orden público).
2.
La abolición de los
granaderos (cuerpo de policía táctico).
3.
Libertad para los presos
políticos.
4.
Indemnización a los
heridos durante los disturbios.
5.
La identificación de los
funcionarios responsables del derramamiento de sangre anterior (incluidas las
reuniones de julio y agosto).
6.
La destitución del jefe
de policía, Luis Cueto, su adjunto, Raúl Mendiolea, y el comandante granandero,
general A. Frías.
Asalto a la
escuela vocacional #5
El 22 de julio de
1968, un disturbio entre bandas de adolescentes rivales se desató en el centro
de la ciudad de México. La mayoría de los miembros de estas pandillas eran
estudiantes en las Escuelas Vocacionales #2 y #5 enfrentadas a miembros
inscritos en la escuela preparatoria Isaac Ochotorena. La lucha comenzó cuando
los primeros arrojaron piedras a los vidrios de las ventanas de la última
escuela. Los disturbios se reanudaron al día siguiente. Respondiendo a la
llamada para restablecer el orden, la policía entró a la fuerza en la Escuela
Vocacional #5; alegando que era para capturar a miembros de pandillas
callejeras que se habían inscrito en la escuela.11 Los granaderos
(policía antidisturbios) fueron utilizados por el gobierno mexicano para
controlar y reprimir a los manifestantes estudiantiles y se utilizaron por
primera vez contra los estudiantes en julio de 1968. Sin embargo, la policía
antidisturbios atacó a numerosos estudiantes y maestros en el proceso de
despejar la Escuela Vocacional #5.13 En una entrevista
informal con algunos granaderos, Antonio Careaga contó que «los granaderos
dijeron que las autoridades dieron a los hombres en el escuadrón antidisturbios
treinta pesos por cada estudiante que golpeaban y llevaban a la cárcel».8
El movimiento estudiantil comenzó a unirse luego del
asalto del gobierno a la Escuela Vocacional #5, que marcó la primera infracción
importante en la autonomía de los estudiantes. El movimiento comenzó a ganar el
apoyo de estudiantes fuera de la capital y de otros segmentos de la sociedad,
que continuó construyendo hasta ese octubre. Los estudiantes formaron brigadas
de seis o más estudiantes que distribuyeron folletos sobre los problemas en las
calles, los mercados y, en la mayoría de los casos, en autobuses públicos.11 Estas organizaciones,
las unidades más pequeñas de la CNH, decidieron el alcance y los problemas que
el movimiento estudiantil abordaría. Estas incluían preocupaciones tanto
rurales como urbanas.11 Los brigadistas
abordaban los autobuses para hablar con los pasajeros sobre la corrupción y la
represión del gobierno, mientras que otros distribuían folletos y recogían
donaciones.11 Con el tiempo, los
pasajeros y los conductores de autobuses comenzaron a simpatizar con las
demandas de democracia y justicia de los estudiantes, y los estudiantes
acumularon cantidades crecientes de dinero.11 Pero la agresividad
militante entre los estudiantes comenzó a desilusionar a algunos conductores de
autobuses sobre los motivos de los estudiantes, y sospecharon que los jóvenes
buscarían poder para provecho propio.8
Protesta en
la UNAM
El 1 de agosto, el rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) Barros
Sierra dirigió a 50 000 estudiantes en una protesta pacífica contra las
acciones represivas del gobierno y la violación de la autonomía universitaria.10
El orden de la manifestación demostró al público mexicano
que los estudiantes no eran agitadores; además, la manifestación mostró que era
poco probable que agitadores socialistas hayan coordinado las acciones de los
estudiantes.1014 La ruta de protesta
fue planeada específicamente para evitar la Plaza de la Constitución o el «Zócalo» (la plaza principal de la Ciudad de México). La ruta de
la marcha comenzó desde Ciudad Universitaria (CU), corrió a lo largo de la
Avenida Insurgentes hasta Félix Cuevas, giró en Félix Cuevas hacia la Avenida
Coyoacán y regresó por la Avenida Universidad al punto de partida. La marcha
prosiguió sin mayores disturbios ni arrestos.
El 9 de septiembre, Barros Sierra emitió una declaración
a los estudiantes y maestros para que regresen a clase, ya que «nuestras
demandas institucionales ... han sido esencialmente satisfechas por el reciente
mensaje anual del Presidente de la República».8 La CNH emitió un
informe anuncio en el diario El
Día para la Marcha Silenciosa el 13 de septiembre; invitó a «todos
los trabajadores, agricultores, maestros, estudiantes y público en general» a
participar en la marcha.8 La CNH enfatizó que no
tenía «conexión con los Vigésimos Juegos Olímpicos ... ni con los feriados
nacionales que conmemoran la Independencia [de México]», y que «este Comité no
tiene intención de interferir con ellos de ninguna manera».8 El anuncio reiteró la
lista de seis demandas de la CNH.
Con la apertura de los Juegos Olímpicos, Díaz Ordaz
estaba decidido a detener estas manifestaciones. En septiembre, ordenó al
ejército ocupar el campus de la UNAM, que tomó el campus golpeando y arrestando
a los estudiantes indiscriminadamente. Barros Sierra renunció en protesta el 23
de septiembre.
Ocupación
del Instituto Politécnico Nacional
Los estudiantes comenzaron a prepararse para operaciones
defensivas en otras instituciones. Pusieron una resistencia mucho más fuerte
cuando la policía y el ejército intentaron ocupar los campus del Instituto
Politécnico Nacional de Zacatenco y
Santo Tomás. La batalla duró desde las 17:00 horas del 23 de septiembre hasta
las primeras horas del 24 de septiembre.8 El médico Justo Igor
de León Loyola escribió en su libro La
noche de Santo Tomás: «Hoy he visto peleas más sangrientas, batallas desiguales:
ambas partes están armadas ... pero qué diferencia en las armas, pistolas
calibre .22 contra rifles militares M-1, bazucas contra cócteles Molotov».1516
Los estudiantes del Politécnico mantuvieron su campus en
contra del ejército durante más de doce horas, lo que provocó una fuerte
oposición del gobierno. El diario francés L'Express declaró que 15 personas
murieron en las batallas y que se dispararon más de mil balas; el gobierno
reportó tres muertos y 45 heridos.16
 |
Masacre del PRI, y silencio de los partidos políticos.
El 2 de octubre de 1968, alrededor de 10 000
estudiantes universitarios y de secundaria se reunieron en la Plaza de las Tres
Culturas para protestar por las acciones del gobierno y escuchar discursos
pacíficamente.11 Muchos hombres y
mujeres no asociados con el CNH se reunieron en la plaza para mirar y escuchar;
incluyendo vecinos del complejo residencial, transeúntes y niños. Los
estudiantes se habían congregado afuera del edificio Chihuahua, un complejo de
apartamentos de tres módulos y trece pisos en la Plaza de las Tres Culturas.
Entre sus cantos estaban «¡No queremos olimpiadas, queremos revolución!». Los
organizadores de la manifestación no intentaron suspender la protesta cuando
notaron una mayor presencia militar en la zona.
Dos helicópteros, uno de la policía y otro del ejército,
volaron sobre la plaza. Alrededor de las 5:55 p.m. se dispararon bengalas rojas
desde el cercano edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Alrededor de las 6:15 p. m. se dispararon otras dos bengalas, esta vez desde un
helicóptero (una verde y otra roja) cuando 5000 soldados y 200 tanquetas y
camiones rodearon la plaza.1117 Gran parte de lo que
sucedió después de los primeros disparos en la plaza permaneció mal definido
durante décadas después de 1968. Los registros e información publicados por
fuentes del gobierno estadounidense y mexicano desde 2000 han permitido a los
investigadores estudiar los hechos y sacar nuevas conclusiones.
La cuestión de quién disparó primero permaneció por años
sin resolver después de la masacre. El gobierno mexicano dijo que los disparos
desde los apartamentos circundantes provocaron el ataque del ejército, pero los
estudiantes dijeron que los helicópteros parecían indicarle al ejército que
disparara contra la multitud. La periodista Elena Poniatowska seleccionó las entrevistas de los presentes y describió los eventos
en su libro La noche de Tlatelolco: «Las llamaradas aparecieron repentinamente en el cielo y todos levantaron
la vista automáticamente. Se escucharon los primeros disparos. La multitud
entró en pánico ... [y] comenzó a correr en todos direcciones».8 A pesar de los
esfuerzos del CNH por restablecer el orden, la multitud en la plaza rápidamente
cayó en el caos.
Poco después, el Batallón Olimpia, una rama secreta del gobierno hecha para la seguridad de los Juegos
Olímpicos, compuesta por soldados, oficiales de policía y agentes de seguridad
federales,17 recibió la orden de
arrestar a los líderes del CNH y avanzó hasta la plaza. Los miembros del
Batallón Olimpia llevaban guantes blancos o pañuelos blancos atados a la mano
izquierda para distinguirse de los civiles e impedir que los soldados les
dispararan.8 El capitán Ernesto
Morales Soto declaró que «inmediatamente después de ver una bengala en el
cielo, la señal preestablecida, debíamos sellar las dos entradas mencionadas
anteriormente e impedir que cualquiera entrara o saliera».8
El asalto que siguió a la plaza dejó docenas de muertos y
muchos más heridos en el período subsiguiente. Los soldados respondieron
disparando contra los edificios cercanos y contra la multitud, alcanzando no
solo a los manifestantes, sino también a observadores y transeúntes.
Manifestantes y transeúntes por igual, incluidos estudiantes, periodistas (uno
de los cuales fue la periodista italiana Oriana Fallaci), y niños,
fueron alcanzados por balas y montones de cuerpos pronto cayeron al suelo.
Mientras tanto, en el edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores,
los miembros del Batallón Olimpia empujaron a las personas y les ordenaron que
se tumbaran en el suelo cerca de las paredes del elevador. Las personas afirman
que estos hombres fueron las personas que dispararon primero contra los
soldados y la multitud.17
La evidencia en video también señala que al menos dos
compañías del Batallón Olimpia se escondieron en los edificios de apartamentos
cercanos y colocaron una ametralladora en un apartamento en el edificio Molino
del Rey, donde una cuñada del entonces secretario de Estado y luego
presidente Luis
Echeverría Álvarez vivió; la iglesia de Santiago
de Tlatelolco, donde se colocaron francotiradores en el techo; el convento
cercano y la Torre de Relaciones Exteriores, donde participaron muchas
personas, incluidas las que dispararon las dos primeras bengalas; una
ametralladora en el piso 19; y una cámara de video en el piso 17. La evidencia
en video muestra a 10 hombres con guantes blancos que salen de la iglesia y se
encuentran con los soldados, que les apuntan con sus armas. Uno de los hombres
muestra lo que parece ser una identificación, y los dejan ir.17
La masacre continuó durante toda la noche, con soldados y
policías operando casa por casa en los edificios de departamentos adyacentes a
la plaza. El edificio Chihuahua y el resto del vecindario tuvieron que cortar
su electricidad y teléfonos. Testigos del evento afirman que los cadáveres
fueron primero retirados en ambulancias y más tarde los militares llegaron y
amontonaron cuerpos, sin saber si estaban vivos o muertos, en los camiones militares,
mientras que algunos dicen que los cuerpos fueron amontonados en camiones de
basura y enviados a destinos desconocidos. Los soldados reunieron a los
estudiantes en las paredes de los elevadores del edificio Chihuahua, los
desnudaron y los golpearon.
Alrededor de 3000
asistentes fueron llevados al convento junto a la iglesia y los dejaron allí
hasta temprano en la mañana, la mayoría de ellos eran personas que tenían poco
o nada en común con los estudiantes y que solo eran vecinos, transeúntes y
otros que estaban en el plaza solo para escuchar el discurso. Otros testigos
afirman que en los días posteriores, los miembros del Batallón Olimpia se
disfrazarían de empleados de servicios e inspeccionarían las casas en busca de
estudiantes.
La explicación oficial del gobierno sobre el incidente
fue que los provocadores armados entre los manifestantes, estacionados en
edificios con vista a la multitud, habían comenzado el tiroteo, y que al
encontrarse a sí mismos como objetivos de francotiradores, las fuerzas de
seguridad simplemente habían devuelto los disparos en defensa propia. A la
mañana siguiente, los periódicos informaron que entre 20 y 28 personas
murieron, cientos resultaron heridas y cientos más fueron arrestadas.8
La mayoría de los medios mexicanos informaron que los
estudiantes provocaron la respuesta del ejército con fuego de francotiradores
desde los edificios de apartamentos que rodeaban la plaza. El titular de la
mañana de El Día del
3 de octubre de 1968 decía lo siguiente: «Criminal provocación en el mitin de
Tlatelolco causó sangriento zafarrancho». Los medios de comunicación
controlados por el gobierno informaron de los acontecimientos por el lado del
gobierno mexicano esa noche, pero una investigación de 2001 reveló documentos
que mostraban que los francotiradores eran miembros de la Guardia Presidencial,
quienes recibieron instrucciones de disparar contra las fuerzas militares para
provocarlos.4
Investigación y respuesta
En 1998, el presidente Ernesto Zedillo, en el 30°
aniversario de la masacre de Tlatelolco, autorizó una investigación del
Congreso sobre los eventos del 2 de octubre. Sin embargo, la administración
priísta continuó sin liberar documentos oficiales del gobierno relacionados con
el incidente. En una entrevista de radio en 2002, la directora del Proyecto de
Documentación Mexicana para el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados
Unidos, describió las investigaciones del gobierno del PRI: «Ha habido varias
investigaciones a lo largo de los años. De hecho, el expresidente Miguel de la Madrid fue entrevistado ayer en la presa y dijo que había pedido al ejército
y al secretario de Gobernación documentos y fotografías de las manifestaciones,
y que fue objeto de una tremenda presión política para que no investigara. Y
cuando continuó la presión, el ejército y la Secretaría de Gobernación
(Ministerio del Interior) afirmaron que sus archivos estaban desordenados y no
tenían nada».18
En 2001, el presidente Vicente Fox, quien terminó
el gobierno de 70 años del PRI, intentó resolver la cuestión de quién había
orquestado la masacre. El presidente Fox ordenó la liberación de documentos
previamente clasificados relacionados con la masacre de 1968.19 Los documentos
revelaron que la síntesis de Poniatowska de los eventos de la noche de octubre
fue precisa, como descubrió Kate Doyle:
Miles de estudiantes se reunieron en la plaza, y la
versión del gobierno es que los estudiantes abrieron fuego. Bueno, ahora hay
pruebas bastante claras de que había una unidad llamada Batallón Olimpia, que
estaba formada por fuerzas especiales de la guardia presidencial, que abrieron
fuego desde los edificios que rodeaban la plaza, y que eso fue lo que provocó
la masacre.18
El presidente Fox también nombró a Ignacio Carrillo Prieto
en 2002 para procesar a los responsables de ordenar la masacre.20 En 2006, el
expresidente Echeverría Álvarez fue arrestado por cargos de genocidio. Sin
embargo, en marzo de 2009, después de un complicado proceso de apelación, los
cargos fueron desestimados. El periódico mexicano The News México informó
que «un tribunal de tres jueces de circuito dictaminó que no había pruebas
suficientes para vincular a Echeverría con la represión violenta de cientos de
estudiantes que protestaban el 2 de octubre de 1968».21 A pesar del fallo, el
fiscal Carrillo Prieto dijo que continuaría su investigación y buscaría cargos
contra Echeverría Álvarez ante la Corte
Internacional de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.21
Archivos del Gobierno de los Estados Unidos
de Norteamérica
En octubre de 2003, el papel del gobierno de
los Estados Unidos en la masacre se dio a conocer cuando el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington publicó una serie de registros de la CIA, El Pentágono, el Departamento de Estado, el FBI y la Casa Blanca que fueron puestos en libertad, en
respuesta a las solicitudes de la Freedom of Information
Act.22
Los documentos detallan que:
·
Para responder a
las preocupaciones del gobierno mexicano sobre la seguridad de los Juegos
Olímpicos, el Pentágono envió radios militares, armas, municiones y material de
control de disturbios a México antes y durante la crisis.
·
La estación de la
CIA en la Ciudad de México produjo informes casi diarios sobre los desarrollos
dentro de la comunidad universitaria y el gobierno mexicano de julio a octubre.
Seis días antes de la masacre en Tlatelolco, tanto Echeverría como el jefe de
Seguridad Federal Fernando Gutiérrez Barrios dijeron a la CIA que «la situación estará bajo
control completo en breve».
·
El gobierno de Díaz Ordaz «arregló» que el líder estudiantil Sócrates
Campos Lemus acusara a políticos disidentes del PRI, como Carlos Madrazo, de financiar y orquestar el movimiento estudiantil.
El gobierno de Díaz Ordaz «arregló» que el líder estudiantil Sócrates
Campos Lemus acusara a políticos disidentes del PRI, como Carlos Madrazo, de financiar y orquestar el movimiento estudiantil.
con información de wikipedia
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