Manoseo del expediente (11)

Manoseo del expediente En las sombras de la justicia, donde las inferencias tejen una red implacable a partir de las declaraciones de los testigos, la interpretación meticulosa de la escena del crimen, el perfil psicológico del asesino y las evidencias irrefutables, se llega a una conclusión que hiere como un cuchillo oxidado: el doctor Acosta, Sebastián Romo y Ricardo Araos fueron los artífices de una conspiración siniestra para torturar a Edith Agúndez. Pero al ejecutor se le escapó el control, la mano se pasó, y lo que era un tormento calculado devino en muerte inevitable. Entonces, la Dirección de la Policía Judicial del Estado, con la frialdad de quien obedece órdenes superiores, comisionó al comandante Inocencio Deivid para que sembrara evidencias falsas, un velo protector sobre el Delegado municipal de Los Cabos, Sebastián Romo, y el presidente municipal suplente, Ricardo Araos. Todo ello, sin duda alguna, por indicaciones directas del gobernador de Baja California Sur, Dante Prieto Navarro, cuyo secretario privado era Lalo Molongo, cuñado de Sebastián Romo Carrillo —este último, a su vez, sobrino del jefe de asesores del ejecutivo estatal y exsenador de la República, Raúl Carrillo Silva—. Una red de parentescos y favores que olía a poder corrupto, a pactos sellados en las oficinas climatizadas de La Paz. Según consta en los autos, a solo cuatro días del mes de agosto de 1995, el fiscal investigador recibió una llamada telefónica de la Policía Judicial del Estado. Le informaban, con voz neutra y protocolaria, que en el lugar de los hechos habían surgido nuevos indicios, ausentes por completo durante la inspección ocular realizada el 30 de julio a las 19:00 horas. Una vez en el domicilio donde se consumó el horror, el fiscal dio fe de aquellos "hallazgos" milagrosos. Primero, en el vehículo Chevrolet con placas 548 PLG 4: en la comisura entre el asiento del conductor y la caja central, apareció un cuchillo de cacha café y hoja plateada dentada, manchado de sangre seca y con cabellos adheridos, como si hubiera estado esperando pacientemente su descubrimiento. Luego, entre el monte circundante, una lámpara pequeña negra con cordón trasero, emergiendo de la nada como un testigo tardío. Ya dentro de la casa, al revisar la coladera del baño, el comandante Inocencio Deivid —con la prestidigitación de un mago que extrae un conejo de la chistera— localizó y sacó un dije de oro, reluciente e incriminatorio. En ese mismo acto, el fiscal investigador hizo constar con precisión quirúrgica que aquellos lugares habían sido escudriñados minuciosamente por él mismo, por agentes de la Policía Judicial y por el personal de servicios periciales, sin rastro alguno de los objetos ahora "encontrados". El fiscal aún ignoraba que Inocencio Deivid había sido enviado con la misión explícita de torcer la verdad, de plantar semillas falsas en un terreno ya esterilizado por la investigación inicial. Acordó, entonces, girar un oficio atento al comandante de Seguridad y Tránsito municipal, solicitando con urgencia los nombres y horarios de los agentes que habían custodiado la casa desde el 30 de julio. La lógica, fría e inexorable, susurraba al fiscal: quería identificar al responsable de aquella siembra descarada. Cinco días después —el 9, para ser exactos—, el perito en criminalística Raymundo Flores Aguilar informó que le habían entregado la sábana con la huella lisa del asesino al comandante de la Policía Judicial, por órdenes directas del subdirector de la corporación, Conrado Bush. Coincidentemente —o no tanto—, en aquellos días se había visto a Conrado Bush charlando amigablemente con Lalo Molongo en la piscina de la casa de gobierno, El Caimancito, ambos luciendo tangas bajo el sol implacable, en una escena capturada por el lente indiscreto de un reportero del periódico El Guaycura. Por su parte, el procurador de justicia del estado, Fidencio Céspedes, ordenó al fiscal de Cabo que "le echara ganas" al asunto contra Guadalupe de la Peña. Esa era la línea marcada desde arriba, el camino trazado por el jefe: desviar el río de la justicia hacia un cauce conveniente, lejos de los poderosos. Así, en el expediente manoseado, la verdad se retuerce como una víctima bajo tortura, mientras los hilos del poder tejen un tapiz de impunidad que cubre nombres intocables.