Queja ante la CEDH
En las arenas movedizas de 1994, donde el poder olía a salitre y billetes viejos, Rodolfo Soberanes Acevedo rompió el silencio con voz de hombre que ya no quiere cargar más muertos en la conciencia. Ante la policía judicial del estado declaró que el Director de Gobierno le había ordenado hacer desaparecer al periodista De la Rosa. El precio: tres millones de pesos por convertir en nada a un hombre que se atrevía a mirar donde otros cerraban los ojos.
Meses antes, el 20 de noviembre de 1993, la muerte había ensayado su papel. Armando Ojeda de la Rosa, hermano de sangre del periodista, se estrelló en una carretera que parecía hablar con lengua de asfalto. Un leve rumor —afilado como navaja— señalaba que el volante lo movía un agente de Gobernación. La sospecha quedó flotando, como un ave negra sobre el malecón.
Diciembre trajo la brutalidad descarada: el secretario general de Gobierno y el director, escoltados por sus esbirros, golpearon a un periodista en la barra misma del malecón. La sangre salpicó las olas y, con ella, la orden de desaparición empezó a titubear. Día tras día la postergaban. El propio Soberanes lo confesó con asombro de sicario perplejo: “No sabíamos por qué la orden cambiaba a cada rato”. Otro elegido, Rafael Monterroca Elguea, recibió el encargo y lo dejó caer como hierro caliente. Se negó a mancharse las manos con la luz de un reportero.
El 16 de marzo de 1994, cuarenta días después de la declaración, el destino cobró otra factura con sangre. José Agustín Reyes Agustín fue acribillado a balazos por el militar Armando Salas Carrillo dentro de las oficinas de la corresponsalía de Gran Cadena Rasa y El Heraldo de México. La muerte aún estaba caliente cuando los mismos que olían a culpa intentaron capitalizarla. Querían voltear el cadáver contra el reportero que había desnudado sus negocios sucios: la libertad comprada de un reo federal, el contubernio contra Salvador Landa Hernández y contra el PAN.
Tensión Sudcaliforniana, el pequeño periódico osado, fue el único que se atrevió a publicar las componendas de aquellos criminales de guante blanco. Compraron todos los ejemplares al único expendedor, el Chango Carballo, en la esquina de 5 de Febrero y Félix Ortega. La verdad, por unas horas, se convirtió en mercancía agotada.
Luego vino la segunda oleada, más cobarde aún: la de las plumas mercenarias. Seudo periodistas desfilaron por las oficinas del director de prensa a recoger sobres, indicaciones y vales de gasolina. Con dinero en el bolsillo y miedo en el alma, construyeron un retrato del “osado periodista” calcado al del asesino. Querían que la sombra del homicida y la figura del reportero se fundieran en una sola silueta oscura. La escena del crimen no describía al culpable; ellos la reescribieron para que señalara al que estorbaba.
Las imputaciones fueron dardos envenenados. La esposa del “periodista maldito”, bombardeada por rumores y por las argucias de líderes opositores de la talla de Tito Piñeda, terminó dudando del hombre que más necesitaba su refugio. Lo abandonó en medio de la tormenta, cuando la carga emocional le quebraba la espalda. La soledad se hizo más profunda que el mar de Cortés.
En 1995, Martín llevó su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le dijeron que ya existía la CEDH en Baja California Sur y que allí debía arder su denuncia. Con el legajo bajo el brazo se presentó ante Roberto Fort Amador. La queja quedó registrada: expediente 035/95. Y comenzó la danza.
René Gaume Geraldo, comandante de la policía judicial, declaró por escrito que el quejoso había colaborado en la investigación del asesinato de Reyes Agustín. Cualquier imputación contra él carecía de valor jurídico. Sin saberlo, el comandante estaba señalando con dedo de hierro a todo el aparato: al gobernador, al secretario general, al director de Gobierno, al de Comunicación Social, al procurador, al juez, a los periodistas vendidos. Todos ellos, en coro, habían intentado crucificar a un inocente.
Poco a poco, el expediente 035/95 se hinchó como un río en crecida. Funcionarios litigaban contra sí mismos, enredados en su propia estupidez, provocada con astucia por el reportero. Citó a declarar a quienes querían destruirlo. Los jueces y magistrados, acorralados, archivaron otro expediente: el que el propio periodista había abierto contra los seudoperiodistas pagados con carros robados, convenios y sobornos.
Uno de los detractores, temblando, confesó ante el Ministerio Público que había recibido la información para dañar al reportero directamente del secretario privado del gobernador, y que el jefe de prensa les pagó por la calumnia.
La noche del 30 de diciembre de 1995, mientras el periodista traía “cola” y el alcohol le enturbiaba los ojos, le robaron el legajo de copias. La verdad material se esfumó en la oscuridad. Pero la otra verdad —la que se lleva en los huesos— no pudieron robársela.
Así quedó escrita esta queja, no solo ante la CEDH, sino ante la memoria y ante el mar que todo lo escucha. Porque hay hombres que, aunque intenten borrarlos del mundo, siguen caminando con la frente alta, llevando en la piel las cicatrices de quienes se atrevieron a decir la verdad cuando la verdad costaba la vida.
Y esa luz, a pesar de todo, aún arde.
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