Impunidad para los narcos (20)

Capítulo V **Impunidad para los narcos** En la penumbra festiva de la Navidad de 1995, mientras las luces parpadeantes de los árboles adornaban las salas con una ilusión de paz, José Luis Esperanza Ricart —Subdelegado Sustantivo del Instituto Nacional para el Combate de las Drogas— aleccionaba a su tocayo, José Luis Esparza López, con la frialdad de un cirujano. —Preséntate ante el Agente del Ministerio Público de la Federación —le ordenó, su voz un susurro cargado de promesas—. Declara la verdad de lo ocurrido en Baturi. A cambio, trabajarás con nosotros como efectivo de la corporación. —Está bueno —respondió el soplón, con la resignación de quien ya ha vendido su alma al diablo. Por otro lado, en las sombras de la Procuraduría, Fidencio Céspedes —procurador de justicia en turno— susurraba a su cómplice, un auxiliar del fiscal federal: —Ténme al tanto de los avances en la investigación. Tú sabes, hay palomilla de nosotros en ese asunto. —No te preocupes —replicó Jaime Harvard, con la sonrisa cínica de quien ha cambiado la toga por el maletín—. Les debo varios favores desde que dejé de ser juez por culpa de Jacinto Romero. Ustedes me recomendaron para la PGR. —¡Vá!, pecata minuta —dijo Céspedes, inflándose como si aún llevara birrete y toga—. El señor secretario general me encargó que dejaras en claro, con los que llevan la investigación, que hay trescientos mil dólares para lo que se ofrezca. —Uhm, con esa lana son capaces de volver a integrar la averiguación previa —murmuró el novel mafioso, saboreando el hedor dulzón de la corrupción. —De eso se trata —asintió calmadamente Céspedes—. Supimos que José Luis Esparza y José Luis Chang Unzón andan murmurando en contra de Tirso Molina y quién sabe de quién más. —No te preocupes —lo tranquilizó Harvard—. José Luis Esperanza Ricart está puesto con el jefe. Supuestamente protege al Esparza para que no hable de más. Ya casi lo convence. —Putaquebuenomano —exhaló Céspedes sin pausa, liberando la tensión que le había anidado en el cerebro como una serpiente venenosa. Creían que Esperanza Ricart los traicionaría, sobre todo al saber que su adversario político, Juan Diego Gaxiola Jaques, lo había recomendado al INCD. —Con lo que me acabas de decir, se deduce que ya podemos celebrar —concluyó el narcoprocurador, su rostro iluminado por una euforia efímera. —Lo que les recomiendo es un enroque de funcionarios —añadió Harvard, acostumbrado al ajedrez de las averiguaciones previas—. Lo más que se consiguió es que el Chino Unzón y Esparza no balconearan más arriba de Inocencio Deivid. Con los ‘orejas’ del ejército no se pudo influir; los de inteligencia militar ya habían informado qué había sucedido realmente. —¿O sea que ya lo sabe el presidente de la República? —preguntó Céspedes, fingiendo inocencia con los ojos muy abiertos. —Todos están metidos. —Bueno —lo cortó abruptamente, con esa prepotencia de quien se siente intocable—. ¿Cuándo presentan a declarar a esos balcones? —En estos días. Yo te hablo. —Tenme al tanto —respondió, guiñándole un ojo mientras sus dedos derechos danzaban en el aire, imitando el tintineo de una moneda. Se despidieron con un apretón de manos, sellando un pacto entre hienas. El 27 de diciembre de 1995, José Luis Chang Unzón fue presentado ante el fiscal especial. Bajo las luces crudas de la sala, declaró lo que le constaba: los hechos antes, durante y después del aterrizaje del avión Carabelle II, cargado con cocaína —sin precisar la cantidad, pero sacada en tres camiones de la Comisión Nacional de Subsistencias Populares—. Su visión era miope, limitada a lo que había visto de cerca; el fiscal se regocijaba en silencio, pues solo mencionó a los peones del operativo, no a los reyes. Encabezaba la lista el comandante Rafael Stanley, seguido del segundo comandante Armando Armas Durán; los jefes de grupo Marco Antonio Nájera, Teófilo Jesús Chavira y Fausto Pérez Rafael, y otros más. De la policía judicial del estado: Tirso Molina, Inocencio Deivid, Auspicio Lobato Memorio, su hermano Rulesindo, Pedro Leyva y demás. En total, setenta individuos vestidos de negro, con uniformes de la PGR, DEA, Policía Judicial del Estado, militares, Federales de Caminos y municipales —un carnaval macabro de insignias falsas. El gobernador Dante Navarro Prieto fue informado de inmediato. Al día siguiente, mientras José Luis Esparza López rendía su declaración en idénticos términos, Navarro orquestó una danza de cambios en su gabinete, en connivencia con su secretario particular y socio en el operativo de Baturi. Despidió a Comodoro Tirado de Relaciones Públicas, culpando a los mitotes de su encargado de prensa, sospechoso de filtrar a Jacinto Romero. A Fidencio Céspedes lo sacó de la Procuraduría para protegerlo en la asesoría jurídica de la Secretaría General. A Tirso Molina lo ascendió a titular de la Coordinación de Seguridad Pública. A Lalo Molongo lo convirtió en supersecretario. A Cliserio Legaspy, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, lo nombró secretario particular para proyectar una imagen de virtud. A otros sin imputaciones directas los rotó, confundiendo al pueblo antes del informe de gobierno —un enroque maestro en un tablero podrido. Una vez disipada la niebla aletargante de las fiestas decembrinas, al pueblo pensante de Sudcalifornia no le quedó duda: aquellos sujetos formaban parte de las redes del narcotráfico, amparados por políticos de primer nivel como René Paz Horta, comisionado del INCD —de quien en la Unión Americana ya se murmuraba que era el enlace con los narcos que surtían al norte—. Para no desentonar, Antonio Lozano Gracia, Procurador General de la República, lo removió, nombrando en su lugar a Francisco Javier Molina Ruiz, exprocurador de Chihuahua. Bajo presiones internacionales, la juez de distrito en Baja California Sur obsequió 29 órdenes de aprehensión contra los presuntos involucrados en la bajada del avión en los Llanos de Baturi. Pero los trámites burocráticos y las filtraciones deliberadas —tras un maletín rebosante de dólares entregado por un enviado de Clodomiro Verdad Legaspy, secretario general de gobierno— permitieron que, el domingo 28 de enero de 1996, todos huyeran: unos a la Unión Americana, otros al centro del país. Solo Pedro Leyva quedó en su puesto como comandante en Todos Santos, por sugerencias superiores. La Averiguación Previa estaba tejida con hilos tan frágiles que cualquier abogado la deshilacharía: sustentada en suposiciones, no en evidencias. Lo único tangible era el avión enterrado como un cadáver en el desierto. No había droga, ni testigos presenciales. Los potenciales fueron silenciados con amenazas de muerte. El conductor de maquinaria pesada, Víctor Castillo, y el maquinista Ricardo Geraldo recibieron visitas nocturnas que olían a plomo. Al juez mixto de Todos Santos lo arrastraron a la Ciudad de México para torturarlo moralmente hasta que juró ignorancia. Al policía municipal Félix Armando Calderón Arreola lo tildaron de loco por sus imputaciones. A Fermín Valdez Carmona lo obligaron a incriminar a su compañero. Todo era una cortina de humo para saciar al pueblo con el espectáculo. Felipe Crespo, inocente, salió con orden de aprehensión. —Pero ese güey no estaba ese día ahí —protestó el Condorito Real, comandante de guardia de la policía judicial. —Sí, eso es cierto —admitió su pareja—. Pero tú sabes que tienen que haber chivos expiatorios para que el proceso se caiga. —Ah —respondió el comandante—. Quieres decir que si Felipe Crespo sale libre, ¿los demás se salvan? —Claro, como en el caso Colosio. Al salir los Gastélum Mayoral, los demás se liberaron en cadena. Haz de cuenta fichas de dominó: cae la primera, y las demás ruedan solas. —Oye, no eres tan pendejo —concedió Condorito Real. —Pero hay una cosa —corrigió su pareja—. Tiene que haber un blanco perfecto que pague los platos rotos: Tirso Molina o Rafael Stanley, para blindar a los de arriba. —Mi compadre Pedro Leyva también salió con orden, y solo habló por teléfono para ayudar a los heridos —insistió. —Es parte de la estrategia. Si uno sale libre por falta de evidencias, todo se derrumba. El lunes 29 de enero de 1996, Pedro Leyva fue detenido en Todos Santos por un agente del Ministerio Público federal, escoltado por un grupo especial del INCD. —Lo siento, comandante —dijo el agente—. ¿Por qué no huyó? —No se preocupe, licenciado —respondió Leyva, erguido como un roble—. Usted cumpla con su trabajo; yo he cumplido con el mío. ¡Soy inocente! Confinado en la cárcel pública a disposición del juzgado de distrito, la detención aparentaba justicia. Para la Presidencia y la PGR, quedaban exentas de filtraciones a la Unión Americana —proveedora de fondos antidrogas—. Como premio, el Senado estadounidense otorgaba la estrellita de "buen muchacho" al gobierno mexicano, en un teatro de marionetas donde los hilos siempre venían del norte.