Jacinto Romero se independiza (22)

Jacinto Romero se independiza En los albores de marzo de 1996, cuando el sol de Baja California Sur aún no quemaba con la fiereza del verano, Jacinto Romero Estrada dio el paso irrevocable hacia la independencia. Con el pulso firme de quien desafía al abismo, editó el número uno de la revista Cárcel Propia, segunda época, en un modesto formato media carta. Solo quince ejemplares, fotocopiados en la penumbra de una imprenta clandestina, bastaron para encender la mecha. La nota principal, un golpe seco al corazón del poder, gritaba en letras mayúsculas: Navarro Prieto, beneficiario del narcotráfico. De todos era sabido —o al menos susurrado en los rincones oscuros de La Paz— que el avión Carabelle, estrellado en los áridos terrenos del Llano de Baturi, adjudicados a Ciriaco Legaspy Borbón —hermano del Director de Gobierno—, había rasgado el velo de la podredumbre que envolvía al gobernador Dante Navarro Prieto. Aquel accidente no era un capricho del destino, sino una grieta en la fachada de corrupción. Ya en la revista COMO, del 15 de enero de 1996, el periodista Víctor Hernández M. lo había denunciado con crudeza: en portada, “Navarro Prieto en el Narco”; en la página 60, bajo el titular “Operación Noticia”: “Aterrizó un narco jet en el rancho de Navarro Prieto. El gobernador de BCS bajo sospecha”. La revista, por supuesto, desapareció de la circulación local como por arte de magia, evaporada en las manos invisibles del miedo. En la portada de Cárcel Propia, Jacinto insertó una fotografía evocadora: catorce rancheros choyeros, erguidos a lomo de caballo bajo un cielo implacable, como guardianes de una tierra traicionada. Al pie, la leyenda acusadora: “Con el pretexto de festejar un aniversario más de la muerte del general Félix Ortega, la maquinaria de Santos Martínez ‘limpió’ el camino de acceso a Las Playitas, vía que sirvieron los narcotraficantes para sus cargamentos”. Era una imagen que olía a polvo y sudor, a promesas rotas en el desierto. Dentro de las páginas, la investigación se desplegaba como un laberinto de sombras: “Un mes antes del ‘avionazo’, esta redacción inició una pesquisa sobre la ‘desaparición’ del sinaloense Armando Leal Quintero, ocurrida el 8 de septiembre de 1995 en las inmediaciones de la tienda La Perla de La Paz. Se advertía que diversos policías locales estaban inmiscuidos en el tráfico de cocaína y el robo de vehículos. Hicimos del conocimiento al secretario general de gobierno, tendiéndole un cebo al ratón... y cayó en la trampa”. Durante la indagación, se recopilaron testimonios que ardían como brasas, fotos de autos robados en manos de una banda policial bien organizada, direcciones de casas de seguridad y, lo más explosivo, nombres de los cómplices del narcotráfico internacional. “De esto solo sabía el director de El Triturador. ¿Nos traicionó? Juzgue usted, lector”. Las acusaciones caían como rayos: “Felipe Méndez recibe 15 mil pesos mensuales de las arcas del Gobierno para servir de informante y defensor al beneficiario del narcotráfico, Dante Navarro Prieto, más 2 mil pesos de Fidencio Díaz Zapata para silenciar sus actividades”. Méndez había confiado a Salomón Montes —leal al gobernador tras ser corrido de Comunicación Social— sobre documentos en poder de la redacción, que intentaron sustraer del vehículo. Otro cebo, otra trampa corroborada por el pánico de los descubiertos. “¿Con qué fundamos nuestra aseveración? Felipe Méndez se reunió con Tirso Molina en el restaurante Samalú, donde acordaron lo inconfesable. Bondadosamente, Molina le regaló un pick-up Toyota. Después, Méndez confesó: ‘Tirso recibe un telefonema cada vez que pasa un cargamento de cocaína; sus huestes se hacen de la vista gorda, y Navarro Prieto se beneficia con billetes que ‘le caen del cielo’’. ‘¿Esa droga es del presidente?’, preguntó Méndez. ‘¡Cállate!’, replicó Molina. ‘Esos cabrones no sabes de lo que son capaces; hasta un hijo te pueden matar’”. Quien también nadaba en esas aguas turbias era el presidente municipal electo, Fidencio Díaz Zapata, financiado con dinero del narco para campañas y compra de credenciales. Días después, en entrevista con Clemente Cementerio: “Le hicimos saber lo dicho por Molina, y este solo esbozó una sonrisa: ‘Se lo diré a Fidencio para que se ponga abusado’”. ¿Fue por eso que empezaron los 2 mil pesos a Méndez? Hasta el más ingenuo lo advertía. En la contraportada, bajo el titular “Personalidad Delincuencial del Secretario General de Gobierno”, Jacinto, con el seudónimo de Jean Valjean —eco de Los Miserables de Víctor Hugo—, invocaba a Hilda Marchiori en su Personalidad del Delincuente (Porrúa, 4ª ed., p. 2): “El psicópata es una persona muy agresiva que no soporta trabas a sus deseos; aprovecha por la fuerza cosas y personas, meros objetos”. Clodomiro Verdad Legaspy, alias “el Ringo”, secretario general, había proferido amenazas tras el avionazo en Todos Santos y las elecciones amañadas con los “dinosaurios” del PAN. Marchiori citaba a Joel Zac en Sicopatía (Kargieman, 1973): “Estructura narcisista, ansiedades persecutorias; necesita agredir. Intolerable a la frustración... Logra atención por agresión, evasión de normas, vida aventurera por el riesgo”. Como sus nexos con narcotráfico y robos. “Atenúa el rechazo buscando poder para decidir qué es malo y bueno” (Reick, Psicoanálisis del Crimen), reprimiendo culpa con delitos repetidos (Greenacke, Trauma, Desarrollo y Personalidad). Sobre el subdelegado del INCD: “Esperanza Ricart, la otra cara de un madrina”. José Luis Esperanza Ricart, madrina de la policial federal desde los 80, instruía a aspirantes para manipular el avionazo del 5 de noviembre de 1995 en Baturi. Huídas espectaculares en Morelia, Nogales, Tijuana, Hermosillo y La Paz. En esta última, el 18 de noviembre de 1991, salió de Hermosillo rumbo a Guaymas en una Dodge, por sugerencia de Guillermo Pérez (INTERPOL), tras perder 100 mil dólares. Impacto frontal: murió su cuñada de 11 años, Eva María Merino Castro. Luego, engañó a su suegra Benita Castro para cobrar seguro, mientras INTERPOL aportaba para “recuperación moral”. Estos trabajos irritaron al operador de Navarro Prieto, impulsándolo a más delitos, como se vería. El 11 de marzo, revista en mano, Jacinto irrumpió ante el nuevo delegado PGR, Said Naim Martínez, sucesor de Héctor Cruz Solórzano. “Buenos días”, saludó, yendo al grano: “¿Cuántas órdenes de aprehensión del caso Baturi han ejecutado?”. “Dos”, respondió seco. “Tengo entendido que el yanqui Rafael Stanley trabaja en la aduana de San Luis Río Colorado”. “¡Mentira! ¡Demuéstramelo!”, gritó Naim, fuera de sí. “¿Para darle protección?”, insistió Jacinto, acertando en la diana. “¡Aquí no se protege a nadie!”, replicó, rostro desencajado. Ningún reportero había osado tanto; el puesto lo inflaba como a un dios. “¿Por qué dejan libres a judiciales en el narco? Uno escondido en Chametla”. “No puedo estar en todos lados”, calmado, cayendo en error: Jacinto nunca ligó Chametla a Baturi. “Prófugos en carros robados”. “¡Ustedes también!”, explotó Naim. “Dirá algunos. Yo tengo un Montego 70 abajo; al lado, una Jeep 93 blanca con franja gris, robada, de uno de ustedes”. Naim se asomó: “La trae un abogado”. “¿Y por ser abogado no es robada?”, irónico. “Ustedes más corruptos; traen robados de la judicial estatal”. Jacinto suavizó: “¿Por qué no detienen al de Chametla?”. “Trae datos y te paso con el comandante”. “¿Quiere que sea madrina?”. “No, pero te irá bien”. Jacinto salió, sin mostrar la revista. Naim era un cuello blanco, enriqueciéndose sin importar vidas destrozadas. Fuera, tres reporteros esperaban, frescos de una encerrona en el Crowne Plaza: güisqui, mujeres, cocaína, marihuana, dólares. “¿Qué pasa, licenciado?”, preguntaron. “Ese hijo de la chingada de Jacinto me acusó de cómplice en Baturi... Dijo que judiciales roban carros... Me pidió feria por no aprehender a uno en un ejido”. Mintió para sembrar odio. Con dinero en mano, fueron con Conrado Bush, director de la policial estatal, quien corroboró con Manuel Santoyo: “Traemos robados, pero decomisados; van a aseguradoras americanas”. “No se preocupe, jefe. ¿Quién es Jacinto?”. Vales de gasolina: “El gobernador confía en nuestra honorabilidad. ¡Combatiremos la delincuencia, caiga quien caiga!”. “¡Bravo!”, con vales en mano. Jacinto, meanwhile, enviaba tres sobres manila por correo: revista y carta manuscrita sobre los “Ringuistas”. A Presidencia, PGR nacional y La Jornada. “Por si me pasa algo”, murmuró. Dejó una en palacio de gobierno con el secretario privado de Navarro; otra en Comunicación Social. Con sensaciones revueltas —alegría, miedo, coraje—, una en el legislativo, vendiendo suscripción al PAN. “Abel”, pensó. “Debo ir con David Abel, enemigo de estos bandidos. Servirá si me pasa algo”. El miedo lo invadía; conocía la peligrosidad de los poderosos. Solo el 19 de abril, la PGR remitió copia de la revista a su delegación en BCS “para atención e informe”. Firma: Armando Salinas, secretario de Antonio Lozano Gracia. Nada más; denuncia ignorada, cuitas tapadas. De Presidencia, cinco días después: “Acuso recibo de su comunicado sobre secuestro en Baturi... El Presidente quedó enterado y le envía saludo”. ¿Secuestro? Cambiaron fondo y forma. Peor vino después: Tirso Molina amenazó matar a un hijo; Lalo Molongo pagó 15 millones para que Felipe Méndez lo exhibiera en El Triturador como criminal; Raúl Alberto Legaspy contrató a Clodomiro Fuentes para desaparecerlo. En esa persecución perruna, Jacinto comprendió: contra el poder no se lucha con furia, sino con paciencia, acomodando piezas hasta que el destino las haga estallar.