Expediente cerrado (24)

Expediente Cerrado En las sombras de un sistema judicial corroído por la complicidad, Tirso Molina Amador fue sentenciado por una cascada de delitos contra la salud: tráfico de estupefacientes, conspiración y lavado de fortunas ilícitas. Sin embargo, sus abogados, maestros en el arte de la dilación y la manipulación, hicieron que las evidencias se evaporaran como humo en el viento del desierto. Apelaciones interminables, amparos oportunos, reconstrucciones de hechos sesgadas, testimoniales falsos y, sobre todo, una averiguación previa deliberadamente mal integrada —un laberinto de omisiones y errores calculados— aseguraron que las investigaciones no ascendieran más allá del exjefe policiaco. Así, cerraron el expediente criminal, salvando de las imputaciones que Arturo Cordero, jefe de aprehensiones de la PGR, había lanzado como dardos envenenados contra el comisionado del INCD. El propio dirigente del Partido Acción Nacional, Carlos Castillo Peraza, denostó públicamente a Cordero, tildándolo de loco, un epíteto que resonó como un martillo en el yunque de la opinión pública. Las evidencias, ya irrefutables, apuntaban a la complicidad del procurador general de la Nación, Antonio Lozano Gracia, cuya sombra se extendía como una red de telarañas sobre el caso. —Si no sueltan a mi defendido —le confió Salvador Vidaurri al reportero investigador, con una sonrisa sardónica que destilaba cinismo—, me tendré que pelear con Paz Horta, que fue el que recibió cinco millones de dólares por dejar pasar el avión en Baturi. —Hizo una pausa, como saboreando el veneno de sus palabras—. Se enojó con los narcos porque le habían prometido quince millones. —Remató, con los ojos brillando de malicia—. Ese día del aterrizaje estaba en la pista con sus ayudantes, vigilando su botín como un halcón sobre la presa. Jacinto Romero sintió náuseas que le subían desde el estómago como bilis amarga al escuchar aquella red de complicidades que encerraba el caso Baturi en un ataúd de silencio. Le quedó claro, con la crudeza de un rayo en la noche, que la libertad de Tirso se materializaría en un corto tiempo, todo para tapar las apariencias ante una sociedad que, cada seis años, cree ciegamente en los cambios prometidos por los diversos partidos políticos —ilusiones efímeras como castillos de arena ante la marea inexorable de la corrupción. Prefirió romper su amistad con Salvador Vidaurri al darse cuenta de que éste jugaba con la dignidad del pueblo sudcaliforniano, pisoteándola como un trapo sucio en el lodo de la traición. Abatido por los sucesos que había pretendido esclarecer con la tenacidad de un minero en busca de oro, Jacinto se sumió en la bebida, ahogando sus demonios en ríos de tequila que quemaban como fuego líquido. Hasta que una gran dama, su esposa, lo rescató de las garras de la desesperación que amenazaban con arrastrarlo al suicidio, un abismo negro donde el olvido parecía el único ref丑. Pero incluso ella lo abandonó, víctima del complot orquestado por el Ringo a través de los líderes de izquierda, uno de ellos conocido popularmente como el Arqui Pinal, un titiritero de la intriga que movía hilos invisibles. Algunos de los que se atrevieron a escarbar la verdad sufrieron suertes trágicas, como hojas secas arrancadas por un vendaval implacable. José Luis Esperanza Ricart fue muerto de un balazo en la cabeza, un tiro de gracia que semejaba la firma cruel de los militares en sus ejecuciones sumarias. El teniente Mendoza Lepe, de inteligencia militar, que le había seguido los pasos al operativo Baturi con la precisión de un sabueso, fue hallado muerto en una celda militar en Mazatlán, Sinaloa; el boletín oficial, frío y mentiroso, decretaba que se había suicidado, un eufemismo para encubrir el asesinato. Ulises, el fiscal especial del caso Baturi, pereció desbarrancado junto con dos ministerios públicos más en la sierra de la Rumorosa, entre Tijuana y Mexicali, Baja California —un "accidente" que olía a sabotaje, con el vehículo precipitado al vacío como un sacrificio a los dioses de la impunidad. El comandante Pedro Leyva fue dejado en libertad por falta de pruebas, un veredicto hueco que resonaba en los pasillos de la justicia como un eco burlón. Peleó su reingreso al cuerpo policiaco, pero el nuevo gobierno fidencista prefirió pagarle la indemnización de ley, un soborno disfrazado de compensación. Inocencio Deivid ganó el amparo federal que le otorgó la libertad de trasladarse al estado norte, donde pasó algunos días en espera de la salida de Tirso Molina para emprender mejores perspectivas de vida, como aves migratorias huyendo del invierno de la persecución. Y así, absolutamente todos los participantes en el operativo Baturi gozaron de esa libertad que da la impunidad por complicidades superiores —un manto protector tejido con hilos de poder, dinero y traición, que cubría sus culpas como la niebla envuelve las montañas. Fin.