El Edén perdido (2)

El Edén Perdido En el abrasador desierto de Baja California Sur, bajo un cielo que ardía con el fulgor de un sol implacable, se escondía un paraíso profanado. Desde 1986, los sabuesos del departamento antidrogas sabían que esta tierra, bañada por el Pacífico y el Mar de Cortés, era el Edén perdido de los magnates del narcotráfico. Aquí, los carteles de Medellín y Cali, junto a los de Mazatlán, el Cochi Loco, Guadalajara, el Azul y los temidos Arellano Félix de Tijuana, tejían sus redes sin temor a la ley. La California sureña era un territorio sin dueño, un tablero de ajedrez donde los peones caían y los reyes movían sus piezas en las sombras. El reposicionado Cártel del Golfo, con la astucia de un depredador que huele sangre, vio en esta tierra un botín demasiado jugoso para ignorarlo. Dicen que el mismísimo presidente de la República, en un pacto susurrado en pasillos oscuros, dio su venia para que solo las mercancías del Golfo cruzaran la península. El Cártel de Tijuana, herido en su orgullo, tuvo que replegarse, invertir tiempo y paciencia en la media península, aguardando mejores vientos. Su perseverancia, como se supo años después con el escándalo de Baturi, dio frutos amargos pero efectivos. A finales de los ochenta, un trueno sacudió las memorias de los sudcalifornianos. La detención de los hermanos del gobernador, Juan Diego Gaxiola Jaques, socios de los capos colombianos, dejó al descubierto la podredumbre que corroía el corazón de la región. Pero el poder tiene sus formas de torcer la justicia: un arreglo en las sombras liberó a Pedro y Pablo, mientras el Cártel del Golfo consolidaba su corona. En el otro bando, Tirso Molina Amador, un policía judicial con el alma vendida al mejor postor, desertó al Cártel de Tijuana. Su protector, Clodimiro Verdad Legaspy, apodado el Jefe de Jefes, había sido ungido como coordinador del PRI en Baja California, pavimentando el camino para la candidata a la gubernatura, Margarita Ortega. Las piezas del tablero se movían con precisión quirúrgica. El auge de Aerocostachica, una empresa que olía más a cocaína que a combustible de avión, negoció tres años después el regreso de Tirso Molina como enlace entre los carteles. El terreno estaba listo, decían los rumores, para colocar en la gubernatura a un joven dócil, alguien que no estorbara los negocios. “Un muchacho que no cause daño,” susurraban en los callejones de La Paz. Desde 1988, el cielo, el mar y las carreteras de Baja California Sur se convirtieron en arterias por donde fluía la droga. Aviones zumbaban en la noche, barcos se mecían en la penumbra y tractocamiones rugían cargados de cocaína y marihuana. Para calmar las sospechas, los agentes antinarcóticos montaron un espectáculo en 1989: en Cabo San Lucas, detuvieron el Sea Point, un barco procedente de Cali con cinco toneladas de cocaína destinadas al Cártel de Mazatlán. A la prensa le contaron una mentira piadosa: solo eran dos toneladas. Cuatro años después, los tripulantes caminaban libres, como si el mar hubiera borrado sus culpas. En 1990, la farsa continuó. Mientras la cocaína y la marihuana cruzaban sin freno, los federales inventaron una banda internacional para justificar su sueldo. Enredaron a Jack Duke Kimball, un gringo tranquilo que vivía en Los Barriles, acusándolo de transportar dos toneladas de cocaína a Estados Unidos. Tres años más tarde, con un “Usted disculpe, fue un error”, lo dejaron libre. Jack, con el corazón roto y los bolsillos vacíos, juró vengarse del licenciado Víctor Arenas, quien le había robado los 50 mil dólares que eran el sudor de toda su vida. Para 1991, la isla del Carmen, frente a Loreto, y las playas de Lomas de Baturi se convirtieron en pistas clandestinas para naves cargadas de polvo blanco. Nadie fue detenido. Esos lugares, murmuraban los pescadores, eran el coto privado de Raúl Salinas de Gortari. Un comandante de la PGR que osó interrumpir un operativo en la isla fue destituido sin miramientos. “El clima de Baja California Sur no le sentó bien,” dijo con sorna Mario Lagos Hernández, jefe de la institución. El año 1992 trajo consigo el crujir de los aviones que comenzaban a fallar. Uno de ellos se desplomó en las dunas de Guerrero Negro, dejando un reguero de cocaína y rumores. El nuevo delegado de la PGR, con la arrogancia de quien se sabe intocable, ignoró los señalamientos de la gente. En La Paz, otro golpe dejó en claro quién mandaba: en una casona de las calles Ocampo y México, los agentes decomisaron más de 700 kilos de cocaína y, como trofeo macabro, una silla de montar con iniciales de oro destinada a la esposa del gobernador. Bajo la administración de Dante Navarro Prieto, Baja California Sur volvió a ser noticia mundial. En una bodega de la zona industrial, el ejército decomisó 4.7 toneladas de cocaína el mismo día que serían trasladadas en un tractocamión de Conasupo. La prensa internacional gritó el escándalo, pero en la península, los narcopolíticos seguían reinando sin oposición. Los asesinatos “arreglados” se multiplicaban, y el crimen organizado brindaba por la fertilidad de esas tierras. En la discoteca Luka’s de Cabo San Lucas, un distribuidor conocido como El Sinaloense cayó bajo una lluvia de balas. Días después, en un eco de los gánsteres de Chicago de los años veinte, un exsocio del Cártel de Mazatlán fue ejecutado. Tirso Molina, ahora jefe policiaco, miraba desde las sombras. Luego, El Pinto, otro distribuidor del mismo cártel, apareció con nueve balazos en el cuerpo. En El Pescadero, un informante de la federal fue hallado muerto en una alcantarilla, su muerte disfrazada de accidente carretero. Y en el rancho Jesús María, un ingeniero en electrónica, que había instalado equipos de telecomunicación, fue secuestrado y asesinado con un tiro en la sien, arma exclusiva de las fuerzas armadas. El rancho, propiedad del doctor Jesús Ramón Dosamantes, pasó a manos de un prestanombres ligado a un piloto de las carreras Off Road, conocido como Don Cano. En marzo de 1994, el periodista José Agustín Reyes Agustín destapó una cloaca. En un barco anclado en la Bahía de La Paz, descubrió un arsenal y kilos de cocaína. Una semana antes del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia, José Agustín apareció muerto cerca del rancho El Ancón. Su homicidio, orquestado entre los dueños de las 4.7 toneladas de cocaína y un militar con oscuros secretos, fue el preludio de una tormenta. —Saben qué —dijo Tirso Molina, con la voz cargada de veneno—. Dos cabrones periodistas saben lo del barco, lo de las cinco toneladas y lo del complot contra el candidato. Hay que desaparecerlos a todos. —¡No! —interrumpió el secretario general de gobierno, con el rostro tenso—. Hay que arreglar las cosas para torcer la verdad. Tras la muerte de José Agustín y el asesinato de Colosio, una calma narcótica envolvió Baja California Sur. Pero la paz era frágil. Jacinto Romero, otro periodista investigador, fue convertido en chivo expiatorio. El secretario particular del gobernador y el secretario general de gobierno pagaron 15 millones de pesos al director de un periódico para sembrar la sospecha de que Jacinto estaba detrás del homicidio de José Agustín. La verdad, como siempre, se ahogaba en un mar de mentiras.