La reacción (4)

La Reacción En el corazón árido de Baja California Sur, donde el sol castiga como un verdugo implacable, la familia Leal Quintero irrumpió en las frías entrañas de la Procuraduría General de Justicia el 10 de septiembre. Venían a denunciar el secuestro de Armando, su faro en la tormenta de la vida, arrebatado dos días antes por las sombras de agentes de la PGR y los tentáculos del policía Tirso Molina Amador. Sus voces, roncas de angustia y salitre del mar, resonaban en los pasillos como ecos de un naufragio. Pero lo que oyeron de labios del agente del ministerio público, Virgilio Donjuan, fue un puñal envuelto en burocracia: "Mientras no les pidan rescate, no será secuestro. Para nosotros, estará en calidad de desaparecido". Aquellas palabras, frías como el acero de una cadena, confirmaron el veneno de sus presagios. Salieron del templo de la ley, ese santuario profanado, con el alma lacerada. Ya no era un refugio de justicia, sino un altar erigido para la impunidad, donde el crimen organizado tejía sus redes de plata y plomo, invisible y omnipotente. Los afligidos sinaloenses, con el peso de la tierra natal aún adherido a sus botas, emigraron hacia la vorágine de la Ciudad de México. Allí, ante el presidente de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, derramaron su relato como sangre fresca: los hechos del 8 de septiembre, en las inmediaciones de la tienda La Perla de La Paz, donde el destino había mordido con colmillos de traición; y la indiferencia gélida de las autoridades locales, un muro de silencio que ahogaba sus gritos. De la presidencia y de la Comisión brotó un mandato como un trueno en el desierto: al gobernador Dante Navarro Prieto y al delegado de la PGR se les ordenaba informar sobre la denuncia de los Leal Quintero. ¡A la mayor brevedad! Aquel eco presidencial reverberó como una grieta en la armadura del poder. Los aspirantes al cartel de Tijuana —esos lobos de la policía judicial estatal y del departamento antidrogas— lo supieron, y en su pánico cometieron torpezas que el destino, caprichoso, transformaría en huellas indelebles. La autoridad, cobarde como un avestruz sepultando la cabeza en la arena, optó por el mutismo, temiendo que el escándalo se hinchara como una ola devoradora. Al filtrarse la noticia a los moradores de la casa rosa de Fidepaz —ese nido de víboras disfrazado de hogar—, el pavor los impulsó a un acto de furia purificadora. Informados de que la presidencia y la Comisión reclamaban detalles sobre el secuestro de Armando Leal Quintero, decidieron reducir a cenizas la preciosa Van verde metálico, joya valorada en más de cuarenta mil dólares. El secuestrado, para ellos, ya había cruzado el umbral de la muerte, un billete sin regreso en el río del olvido. El "Deivid" y su manada de sombras arrastraron la camioneta —aún impregnada del aroma a sal y sudor del capitán de barco— por la carretera serpenteante hacia Los Planes, B.C.S. Al rozar el rancho El Ancón, un escalofrío espectral les erizó la piel, como si el subconsciente invocara fantasmas del pasado. Recordaron al periodista asesinado, incinerado en un ritual macabro para disfrazar el móvil del crimen, un velo de humo sobre la verdad sangrienta. Era el estigma de su perfil criminal: errores que, como migajas en el bosque, se convertían en evidencias traicioneras. Por lo común, consumaban sus fechorías en el mismo teatro del horror, sin variaciones en el guion de la muerte. Así había perecido Crescencio Vaesa, el técnico en refrigeración, acribillado en aquellos parajes; su vehículo abandonado cerca de Los Planes, el cadáver envuelto en llamas antes de alcanzar el poblado de San Antonio. Al capitán Leal, en cambio, lo habían sepultado en una fosa clandestina, en las entrañas del arroyo La Manca, donde la tierra guarda secretos como un vientre materno pervertido. Las llamas devoraron el vehículo con avidez insaciable, un banquete de fuego que, creyeron ellos, devoraría también las pruebas. No contaron con el ojo agudo del ayudante del negocio de tortas, que había reconocido a Auspicio Lobato Memorio entre las sombras. Subestimaron la memoria tenaz de los trabajadores de la caseta telefónica, guardianes inadvertidos de una llamada de larga distancia que tejía la red de su culpa. Y jamás advirtieron que, en el espeso tapiz del monte —donde lomboi y palo blancal se entrelazaban con uñas de gato y enredaderas de jícama, como amantes en un abrazo asfixiante—, una pareja observaba. Habían pagado por un éxtasis fugaz, pero el varón, en lugar de consumar el ritual carnal, se convirtió en centinela silencioso del incendio, testigo de un pecado mayor. José Luis Leal Quintero, con el fuego de la venganza ardiendo en las venas, urdió un plan al margen de la ley, acompañado de dos amigos leales y el lavaautos, testigo ocular del rapto. De El Rosarito, Baja California, trajeron dos pistolas relucientes —"Para lo que se ofrezca", murmuraron con la gravedad de un juramento—. De El Rosarito, Sinaloa, un familiar despachó dinero por las alas del viento, pero en el aeropuerto Manuel Márquez de León, el agente antinarcóticos Rubén Fierro captó el nerviosismo del plebeyo con el fajo bajo el brazo. Intuyendo un botín mayor que el de un simple jovenzuelo, Fierro, junto a los agentes Juan Chaquira y Martín Beta, tendieron una emboscada para extorsionar un rescate propio. Obligaron al muchacho a llamar por teléfono a sus parientes, fingiendo un enredo con migración, una telaraña de mentiras tejida en el aire electrizado. José Luis y sus socios, con las pistolas ocultas como serpientes en el bolsillo, descendieron al aeropuerto. En el estacionamiento, divisaron a su primo junto a un extraño; a diez metros, sobre una Suburban blanca de vidrios polarizados como ojos ciegos, acechaban los cómplices del falso agente. "¿Quiúbas, qué onda?", saludó José Luis, su voz un hilo tenso en la brisa salina. "Estos compas —replicó el chaval, con la voz quebrada— me detuvieron porque dicen que traigo mucha lana. Quieren que les diga para qué es; les conté que te la mandan a ti". "Ese dinero —intentó José Luis, ajeno al plural traicionero de su pariente— es para el pago de la tripulación del barco Dos Cientas Millas Dos, ahora que regrese del puerto de San Carlos". Volteó, sintiendo el peso de presencias invisibles. "¡Quedan detenidos, cabrones! ¡Dejen los fierros en el suelo!", rugieron los antinarcóticos, sus armas como lenguas de víbora apuntando a las sienes de los sinaloenses. De la bolsa canguro ceñida a la cintura, extrajeron las pistolas, que cayeron al pavimento ardiente como hojas marchitas. "Hace días que andamos sobre ustedes —escupió el falso agente de migración, con los ojos inyectados en codicia—. Son narcos, hijos de la chingada". Recogió las armas con avidez—. "No la hagan de pedos, ¡súbanse a la camioneta!" "Yo me voy a llevar el carro de ellos", se ofreció Martín Beta, con la sonrisa de un cuervo. A lo lejos, un taxista observaba como un ángel caído, su mirada un salvavidas que evitó que los golpearan hasta la muerte, como le había sucedido a Armando. En la Suburban, el amedrentamiento se desplegó como una sinfonía de terror: "Es un asunto entre mañosos", les susurraban, mientras el motor rugía como una bestia enjaulada. Al llegar a las oficinas de la PGR, un agente del ministerio público federal se unió al ballet psicológico, tejiendo ilusiones de poder absoluto. Casualmente, el abogado Oscar Trévizo Rosas, líder del PARM —ese zorro político con olfato para el oro—, merodeaba por allí. Intuyendo un festín lucrativo, se ofreció como escudo. Una vez alineado con los Leal Quintero, les susurró su veneno: "Denles cuarenta mil pesos a los antinarcóticos para que el caso no escale al juzgado de distrito, donde les arrancarían mucho más por su libertad. Las armas, déjenlas como trofeo de guerra". Sus palabras, envueltas en lógica perversa, convencieron a los sinaloenses como un licor que quema y adormece. En el despacho jurídico del abogado —un antro de papeles amarillentos y promesas rotas—, acordaron reclutar a un periodista investigador para desentrañar el paradero de Armando. Juan Pablo López Yee, homólogo del litigante, pasó el recado a Jacinto Romero, un plumífero errante cuya pobreza galopante era un látigo constante. " Dos mil pesos por adelantado para navegar entre los mañosos de la región —exigió Jacinto, con ojos febriles—. Y si el trabajo les complace, acepto regalías. Con los datos, deducir al titiritero detrás de todo es coser y cantar". Los sinaloenses, impulsados por la urgencia como vientos huracanados, cerraron el pacto, ignorando el abismo que se abría bajo sus pies. Jacinto Romero confió su secreto al director de El Triturador, su periódico raído como un trapo de bar. "No te metas en ese avispero —advirtió el jefe, con voz trémula—. Los antidrogas son fieras cabronas, y el Tirso... ¡te imaginas! Yo no le entro; si insistes, que sea por tu cuenta, aparte del periódico". "No te preocupes —replicó Jacinto, con la convicción de un beodo invencible—. Tengo gente que por un gramo de coca jalaría de la cola al diablo mismo". "De todos modos —insistió el director—, es un riesgo que quema el alma. Por dos mil pesos, ni por cincuenta mil me arriesgaría". "Tienes razón, mejor lo dejo —cedió Jacinto, para acallar la tormenta verbal. En su fuero interno, sabía que sus amigos no le pondrían trabas, ni siquiera si el jefe del cartel de Tijuana tiraba de los hilos. El miedo era un huésped desconocido en su alma, ahogada en el exceso de licor que lo envolvía en una inconsciencia dorada. Jacinto no supo que su jefe, en un susurro traicionero, había alertado a Tirso Molina. Por el chivatazo, el policía le obsequió un Picap Toyota blanco, que el director vendió de inmediato a un prestamista de la colonia 8 de Octubre, como quien lava un pecado con billetes sucios. Así, en el tapiz de la corrupción, cada hilo se entretejía con el siguiente, y la verdad, como un barco en la niebla, se perdía en el horizonte implacable.