El Proud Lady (14)

Capítulo III El Proud Lady En las aguas turbias del Pacífico, donde el viento del noroeste susurra secretos que ningún mapa registra, la DEA abrió los ojos. Descubrió que los políticos de Baja California Sur no eran meros espectadores del tráfico: eran los guardianes silenciosos, los cómplices de terciopelo que abrían las puertas de la península a los cargamentos blancos que bajaban desde Colombia como espectros de nieve. Michael Roger Batista Beesbe hablaba con la frialdad del que ha contado billetes hasta perder la cuenta del alma. Confesó que entregaba doscientos mil dólares a Raúl Salinas de Gortari por cada cargamento que surcaba la ruta de Baja California Sur. Hasta que, el 25 de agosto de 1990, a pocos minutos de cobrar dos toneladas de cocaína en Santa Ana, California, la policía norteamericana le cerró el círculo. El hermano del Presidente, decían las sombras, se arreglaba personalmente con los narcos en la isla del Carmen, frente a Loreto, aquella primera capital de las Californias que aún guarda en sus piedras el eco de misiones y contrabandos antiguos. Allí, bajo el sol implacable que blanquea los huesos, los agentes gringos montaron una vigilancia más fina después del fallido asalto a Tembabichi. Sabían que la droga pasaba, pero no comprendían por qué los Carrola, con toda su furia, nunca encontraban a los mañosos. La isla del Carmen era un santuario flotante, un confesionario de mar y silencio donde el poder y el polvo blanco sellaban pactos que ningún acta pública recogería jamás. El 29 de agosto de 1990, en las calles polvorientas de Tijuana, el agente de la DEA Edwin Hernández, junto a federales mexicanos, detuvo a Nilo María Batista Ocampo —el padre— y a su compañera Rosalba Salgado Heredia. Los sacaron de la calle Río como quien arranca dos raíces de un jardín secreto. De allí los trasladaron a la ciudad de México, donde la oscuridad del clandestinaje se hizo más espesa, más cómplice. Virginia Batista Beesbe, al enterarse, corrió a promover un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en materia penal. Pero cuando el actuario llegó a los separos de la Policía Judicial Federal, los detenidos ya habían desaparecido en una mazmorra donde ningún extraño podía entrar. Solo los iniciados, los que conocían el olor del miedo y del dinero, tenían llave. Diana Batista, en acuerdo tácito con Jorge Carpizo McGregor —ella trabajadora, él presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos—, obró el milagro burocrático. Usando la recomendación 130/91 como escudo de seda, hicieron que las primeras investigaciones de la DEA se desmoronaran como castillos de arena. Raúl Salinas, por el momento, quedó a salvo. La historia oficial se reescribió con tinta fresca y mentirosa. Se fabricó entonces una farsa digna de teatro de carpa: el 3 de septiembre de 1990, Edwin Hernández habría llevado a Nilo y a Rosalba a casa de Diana para que llamaran a Colombia. Allí, supuestamente seguros, Nilo habría dicho con voz temblorosa: —No sé con quién debo hablar. Y el agente, con sonrisa de lobo: —Parece que dices la verdad, cabrón. Después, los trasladaron al hotel Nikko, habitación 3208, donde el lujo de cinco estrellas disimulaba la jaula. Otro día, el cónsul norteamericano James Wytman ordenó: «Tráiganme a ese cabrón». Querían poner al padre frente al hijo esposado. En las oficinas consulares, bajo la mirada fría de Guillermo Robles Liceaga y sus acompañantes, el comandante espetó al anciano: —Más vale que te declares narco, hijo de tu chingada madre. Sabemos que traficas cocaína en un barco. Nilo, con la dignidad quebrada pero no rota: —No sé de qué me habla. Una cachetada retumbó como un trueno en el rostro arrugado. Los representantes del Tío Sam, tan orgullosos de sus derechos humanos, miraron hacia otro lado. Michael intervino: —No lo golpee, es mi padre. Tenemos un yate de placer… con él nos ganamos la vida. Está anclado en Cabo San Lucas. El 5 de septiembre, en un jet de la PGR, llegaron al aeropuerto de San José del Cabo. En una camioneta de Avis se dirigieron al muelle de Cabo San Lucas, donde los esperaba el resto de la comedia. La tripulación del Proud Lady —Lino Jesús Vargas Soto, Ildefonso Ñafuñay Zeña y Aparicio Ríos Espinosa— dormía la siesta del mediodía cuando los sorprendieron. «Revisen bien», ordenó Robles, con el gringo Edwin pegado como lapa. Y revisaron: camarotes, cubierta, puente, paredes. De pronto, un grito: —¡Aquí está! Seis paquetes envueltos en polietileno salieron de las paredes falsas. Seis punto uno kilogramos de cocaína pura, más una pistola calibre 38 y una escopeta calibre 12 con cincuenta y un cartuchos. Suficiente para consumo y menudeo, dijeron. Suficiente para que los dueños fingieran ignorancia. El comandante Alberto Robledo Serrano, recién colocado en la plaza de BCS con la recomendación expresa de respetar la ruta de la isla del Carmen, necesitaba desviar las miradas de la DEA. Inventó entonces al gringo Jacke Duke Kimball como socio. Y en esa red cayeron, por mala fortuna, Valentín Ojeda Rodríguez —campesino de El Triunfo— y Rosalío Huerta, que solo visitaban a un compadre. En las casonas clandestinas de Pioquinto López Rodríguez, en la colonia Bellavista, Robledo había mandado construir celdas secretas. Allí, con tehuacanes con chile, toques eléctricos en los testículos, bolsas de plástico en la cabeza y ahogamientos simulados en la playa de Los Barriles, arrancaron confesiones que parecían sacadas de una novela barata. Ante el agente del Ministerio Público Egidio Torre Gómez, el jefe Marco Antonio Ríos Monte de Oca leyó la historieta oficial: que el Proud Lady había arribado de Punta Mala, Panamá, con dos toneladas de cocaína propiedad de Juan Carlos Cancedo, Víctor “el Rony” Mejía y Javier Martínez. Que debían entregarla a Jacke Duke Kimball en Los Barriles. Que, al no aparecer, la enterraron en la playa y sacaron un poco para vender entre los viciosos. Los federales, que apenas conocían la geografía de la península, mezclaron Buenavista, Los Barriles y Cabo San Lucas como si fueran el mismo puerto. La confesión firmada bajo tortura era un laberinto de incoherencias, pero servía. Con la confesión en la mano, los comandantes citaron a los mercenarios de la pluma. Los periodistas desfilaron por las oficinas de la PGR, recibieron su sobre con billetes verdes y escucharon la carcajada burlona: —Esto es por su desinteresada colaboración… ¡Ja ja ja ja! Algunos pedían pago en especie: autos robados que luego el presidente municipal del PRI, Emmanuel Castillo Zapata, vendía con el logotipo de su partido para disimular el robo. Al año, Rosalío y Valentín salieron absueltos. El proceso de Jacke tardó dos años más, perjudicado por la misma recomendación de la CNDH que había salvado a otros. Jacinto Romero fue el único periodista que celebró aquella libertad, creyendo en la inocencia del gringo. Sus colegas se tragaron la vergüenza. La mujer de Jacke, inducida por la sarta de mentiras periodísticas, lo abandonó. El pueblo lo vio y aprendió a desconfiar de los comunicadores que venden su pluma al mejor postor. Para distraer a la DEA, Alberto Robledo quiso apuntarse un tanto heroico. Sufrió un accidente al intentar aterrizar una avioneta Cessna cargada con 740 kilos de cocaína. Declaró ante Notimex que sus agentes habían derribado la nave, pero que los pilotos huyeron hacia una playa cercana a Lomas de Baturi, en Todos Santos, donde los esperaban sus cómplices. Así, entre yates de placer convertidos en fantasmas, confesiones arrancadas con tortura y comunicadores que cobraban en billetes o en coches robados, el Proud Lady quedó varado en la memoria como un símbolo: la orgullosa dama que navegaba entre la corrupción y el mar, mientras el poder, desde la isla del Carmen hasta Los Pinos, seguía cobrando su diezmo en polvo blanco y en silencio. La península guardaba sus secretos. Y el mar, como siempre, se los tragaba.