Manoseador profesional (18)

Capítulo V Manoseador profesional Salvador Vidaurri irrumpió como un espectro bien vestido en las oficinas de la Policía Judicial de Cabo San Lucas. Llegó sin anunciarse, con la solemnidad de quien ofrece un favor que en realidad es una trampa envuelta en celofán. Decía defender gratuitamente, por pura solidaridad con su paisano Jorge Manuel. Pero todo el mundo sabía que aquel hombre no movía un dedo sin que tintinearan en su bolsillo no menos de veinte mil pesos. Su generosidad era tan falsa como las lágrimas de un cocodrilo en traje italiano. Nolberto Ritchie, con la paciencia de un sabueso viejo, había desenterrado la verdad como quien saca una raíz podrida: Enrique Sarmientos, pese a su rotunda negación, había volado en el mismo avión que su compadre Jorge Manuel. Lo habían contratado para que “asustara” a una muchacha que molestaba demasiado al Delegado municipal. Diez mil pesos por un susto. Nada más. Jorge Manuel, recién llegado de Acapulco, traía en las manos el olor de la tortura. Había sido jefe de grupo en la Policía Judicial de ese puerto caliente, donde aprender a romper cuerpos era parte del ascenso. Cuando lo interrogaron, Jorge Manuel intentó tejer una historia torpe: dijo que había venido a instalar aires acondicionados y que, al fallarle el trabajo, terminó en Baja Sport. Mentira de pobre diablo. La verdad era más oscura y más simple: lo habían traído para hacer lo que sabía hacer mejor. Asustar. Y, si era necesario, algo peor. Mientras Ritchie iba armando el rompecabezas con fechas, boletos de avión y silencios sospechosos, Sebastián Romo peleaba por la alcaldía de Los Cabos como quien pelea por su propia vida. Perdió las primarias dentro del PAN, pero su dinero y el peso de su grupo hotelero lograron lo impensable: que las elecciones se repitieran. Acusó de fraude a Salvador Landa, presionó al comité nacional y obligó a su contrincante, Francisco Ismael Cotoño Berdejo, a retirarse alegando que el proceso estaba viciado. El objetivo era claro: dividir los votos del PAN y dejar el camino libre. Clodomiro Verdad Legaspy, maestro de las sombras políticas, completó la faena maquiavélica. Contrató a un periodista para que pintara con letras rojas la palabra ASESINO sobre las bardas que apoyaban a Sebastián. Al mismo tiempo, hizo circular un libelo satírico, todo en azul, donde unos monos caricaturescos acusaban al Delegado de ser el verdadero mandante del asesinato de Edith Agúndez. La letra “E” de ambos trabajos era idéntica: una especie de “W” acostada, como una herida mal cerrada. La firma invisible del mismo autor. Desesperado, Sebastián subió al estrado y lanzó un discurso incendiario. Prometió que revelaría los nombres de los funcionarios que habían matado a la madre de su hijo. La multitud contuvo el aliento. Pero la promesa se quedó en el aire, como humo de cohete quemado. Nunca dio nombres. Y el día de la jornada electoral, el candidato del PRI se llevó la victoria con la sonrisa tranquila de quien sabe que el tablero ya estaba arreglado. Días después de la toma de protesta del nuevo presidente municipal, Nolberto Ritchie fue apartado del caso Edith como quien saca una espina molesta. Lo enviaron a subdirector de la policía preventiva. En la Procuraduría también cambiaron las piezas: salió Fidencio Céspedes y entró la licenciada Blanca Larriñaga. En la Policía Judicial, en lugar de Tirso Molina Amador, colocaron a Conrado Bush, amigo íntimo y confidente de Lalo Molongo. El sistema se cerraba sobre sí mismo como una flor carnívora. Los días empezaron a desprenderse del calendario con la lentitud de una herida que no cicatriza. La familia de Edith seguía esperando justicia, pero la acusación contra Lupita carecía de sustento jurídico. Semanas y meses se acumularon entre jaloneos de abogados, notas pagadas y silencios comprados. En el despacho de Salvador Vidaurri, mientras tanto, se urdía un plan más sofisticado. Había que salvar al doctor Acosta, a Ricardo Araos y, sobre todo, a Sebastián Romo. Para ello, harían parecer que el propio Delegado estaba pagando la defensa de Jorge Manuel Mogica Martínez, el detenido. Una maniobra elegante: convertir a la víctima aparente en protector del verdugo. La pieza que faltaba llegó con la caída en desgracia de un pastor de los Testigos de Jehová. Genaro Valdez Arballo, delincuente reciclado en devoto, fue contactado por uno de los ayudantes de Vidaurri. Le ofrecieron la libertad de su guía espiritual (acusado de violar a una niña) a cambio de que declarara contra tres personas. El maldito aceptó. Le instruyeron señalar a Martín Ayala “el Paisa”, a Candelario Ríos Martínez y a Lupe la Güera como autores materiales del crimen. Según su versión, lo supo por Inocencio Deivid y dos judiciales más. Vidaurri tenía un vicio antiguo: armaba sus historietas jurídicas calcando la verdad, pero cambiando solo los nombres de los culpables. Esta vez aleccionaron a Genaro con tal detalle que el hombre se presentó voluntariamente ante el fiscal y repitió la lección como un loro bien entrenado. El Paisa le había confesado en la cárcel que Candelario y Lupe “se habían aventado el jale” mientras él echaba aguas afuera. Añadió, por error, que también habían participado Inocencio Deivid y dos judiciales. Ese detalle fue su único desliz. La Procuraduría, feliz de tener un nuevo libreto, fabricó otra averiguación previa y el juez libró las órdenes de aprehensión sin pestañear. El 20 de agosto de 1996, la Policía Judicial ejecutó las que más convenían a los intereses navarristas. A base de golpes, lograron que Candelario Ríos “recordara” que Lupe la Güera era Guadalupe de la Peña. El 29 de agosto se realizó el careo. Candelario, con la cara aún marcada por los puños, miró a Lupita a los ojos y dijo que había declarado contra ella porque lo torturaron. Frente a frente, confesó que nunca la había visto en su vida. Lupita, con los brazos cruzados y la dignidad intacta, repitió que era inocente. El fiscal, imperturbable, anotó que Guadalupe de la Peña había permanecido serena, casi estatua, durante todo el careo. La prensa, entretanto, hizo su trabajo sucio con alegría. Difundió a los cuatro vientos que los nuevos detenidos eran los verdaderos asesinos y que el ex Delegado municipal quedaba limpio como una hostia. En los primeros días después del crimen, varios comunicadores habían desfilado por la Delegación a recoger el “embute” correspondiente. Jacinto Romero, haciéndose pasar por uno más, llegó buscando boletos de avión por instrucciones de su director. No los consiguió, pero ganó algo más valioso: la verdad. Se enteró de que Sebastián Romo le había ofrecido buen dinero a Gerardo Zuñiga Pacheco, corresponsal de TV Azteca, para que escribiera una novela negra donde Clodomiro Verdad Legaspy apareciera como el mandante del asesinato, magnificando el móvil político. Gerardo tuvo miedo y rechazó el encargo. Le habían advertido a Sebastián que Jacinto era un zorro disfrazado de borrego: llegaba manso y luego sacaba las garras. El Delegado tomó la advertencia al revés. Cada vez que Jacinto regresaba por los boletos, lo despachaba con excusas. No imaginó que mientras más tiempo pasaba el periodista merodeando por aquellas oficinas, más secretos descubría: la conspiración contra Sebastián, la que Sebastián pretendía tejer contra Clodomiro, y la más grave, la que se había urdido contra Edith Agúndez. Para ganarse su confianza, Juan le llevó a Sebastián una publicación de la revista Cárcel Propia. Allí se señalaba que el asesinato había sido orquestado desde las alturas, porque Inocencio Deivid jamás actuaba solo. El propio comandante se lo había confiado a Juan el 28 de diciembre de 1995, afuera de las oficinas de la Judicial. La misma revista mencionaba los fraudes electorales y las maniobras de Clodomiro con el profesor Alfredo Carballo Cota. Mientras Sebastián leía, su subconsciente lo traicionó. Sin querer, murmuró que el agente del Ministerio Público del fuero común había caído de su gracia. Antes era bueno, no entendía qué le había pasado. Se refería a Carlos Urrutia, quien no había encontrado los argumentos para meter a Lupita a la cárcel y, con ello, regalarle limpiamente la alcaldía. Días después, Carlos Urrutia fue sustituido por Salvador Arce Delgadillo, nombrado con el título rimbombante de “fiscal especial para el caso Edith”. El Honorable Tribunal Superior de Justicia también relevó al juez Giordano Amador por el joven e inexperto Rubén Darío Ramírez Audevez, familiar de los funcionarios en el poder. Con estos nuevos actores, el proceso se empantanó deliberadamente. La justicia, que debía ser pronta y expedita, se convirtió en un lodazal espeso donde solo se movían los que tenían poder. La máxima constitucional se volvió sarcasmo: la autoridad tenía el poder y hacía con él lo que le placía. Mientras el pueblo aguantara. Y el pueblo, como siempre, seguía esperando. Con los puños cerrados y el corazón lleno de preguntas que nadie quería responder.