Las casonas de Carrola (7)

Las casonas de Carrola En las sombras alargadas de La Paz, donde el viento del Golfo susurraba secretos entre las buganvillas y las rejas oxidadas, se alzaban las casonas de Carrola como mausoleos vivos de la codicia. Eran fortalezas de estuco y silencio, casas de seguridad que el narcotraficante Pioquinto López Rodríguez iba tejiendo con hilos de notaría y miedo. Los informantes, compadres y madrinas de los Carrola empezaron a olfatear el movimiento: mañosos de la localidad entraban y salían de la Notaría Pública Número 1, como fantasmas en traje de lino, buscando escrituras que lavaran el origen turbio de sus propiedades. Aquel despacho pertenecía a Armando Aguilar Gaxiola, expresidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia y, además, primo del gobernador Juan Diego Gaxiola Jaques. La sangre política y el dinero del narco se mezclaban allí como tinta y sangre en un mismo pergamino. Miguel Ángel y su hermano Jesús Ignacio, comandantes de la PJF, olfatearon el peligro. Decidieron tender una red de vigilancia que culminó, el 2 de diciembre de 1989, en la detención de Martín Atondo Navarro, Enriqueta Carrión Butterfly y Socorro Limón Covarrubias. Los sorprendieron introduciendo armas y cocaína en la casona marcada con el número 1425 de la calle Sinaloa. La noche se llenó de hombres de negro. Los vecinos, aterrorizados, fingieron no ver. Algunos, sin embargo, levantaron el teléfono y avisaron a los pocos periodistas independientes que aún conservaban un resto de alma. Bajo esa presión incómoda, los Carrola soltaron un boletín escueto, casi insultante en su cinismo: «Al hacer un recorrido de sobrevigilancia, detectamos en actitud sospechosa a tres personas que se introdujeron a una residencia de la calle Sinaloa donde, después de pedir autorización para entrar, encontramos medio kilo de cocaína, 8 metralletas y municiones. Por lo que detuvimos a los sospechosos y decomisamos 2 vehículos, 4 radios receptores y un poco de dinero». Los corifeos de los periódicos, siempre dispuestos a bailar al son que les pagaran, titularon con entusiasmo servil: «Duro golpe al narcotráfico». No mencionaron a quién pertenecía realmente la droga. Dieron a entender, con guiños y medias verdades, que los detenidos eran los grandes capos. Mentira piadosa para los lectores, negocio redondo para los dueños de la tinta. Cuando la noticia llegó a oídos de Pioquinto, este ordenó a su abogado, el guerrerense Salvador Vidaurri, que negociara la libertad de “sus muchachos”. Vidaurri, que entonces rentaba una vivienda modesta en Marcelo Rubio y privada Misiones, contestó con fingida humildad: —Okey, señor. De antemano le digo que los Carrola no tienen llene. —No me importa —respondió el narco desde su refugio—. Si no quieren dinero, les damos plomo. —Está bueno, señor —dijo el abogado, y en esa frase nació en él un nuevo hombre: el que ya no tendría miedo de ensuciarse las manos con tal de llenarlas de oro. Por la tarde, Vidaurri volvió a llamar: —Señor, los cabrones dicen que no van a soltar al velador si usted no se pone con una cuota. Por las viejas me pidieron doscientos mil dólares. Pioquinto, frío como el acero de un arma, contestó: —Déjalo así. Lo que más me interesaban eran las viejas. Yo aquí calmaré al hermano de Martín. Lo que sí quiero es que le prepares una buena defensa. Más adelante nos encargaremos de esos cabrones. El abogado, sin mancharse demasiado, se embolsó la mitad de lo que le quitó al narco por la libertad de las mujeres. Tiempo después, con el dinero sucio de otras componendas, abandonó la casa modesta, rentó otra en la calle Colima entre Ramírez y Guillermo Prieto y, finalmente, compró una residencia en el exclusivo fraccionamiento Fidepaz y varios departamentos que rentaba como otra fuente de ingreso a su cuenta ya abultada. Al enterarse de que Pioquinto no había querido pactar, los Carrola ordenaron a sus golpeadores que sacaran todo lo que sabía el detenido. El propio Jesús Ignacio, junto con su sobrino José de Jesús y varias madrinas —el Cotorro y el Flecha entre ellos—, se encargaron personalmente de la tortura. Golpearon al sinaloense hasta que se desmayó. Cuando Martín Atondo Navarro no volvió en sí, Jesús Ignacio gritó: —¡Jálense por el médico! Media hora después llegó el galeno con una inyección de dilocaína. Les dijo, con frialdad profesional, que podían seguir torturándolo. El velador, ya roto, gritó desesperado: —¡Ya déjenme, cabrones! Yo solo fui contratado como velador. De nada le valió. Después de saciar sus instintos brutales, lo consignaron. El juez de distrito lo sentenció por delitos contra la salud y acopio de armas. Salvador Vidaurri, en su afán de dar satisfacción a su patrón, logró después de un año de pleitos que los periodistas Alberto González y Jacinto Romero presionaran al delegado de la PGR, Mario Lagos Hernández, para que revelara los detalles de la averiguación previa. En su oficina, nervioso, Mario Lagos acomodaba una y otra vez tres teléfonos color camello y uno rojo. Con voz entrecortada leyó el parte informativo número 985, de fecha 7 de diciembre de 1989. Reveló que la PJF había puesto a disposición del Ministerio Público a los detenidos, medio kilo de cocaína, ocho armas largas, dos vehículos, cuatro radios y tres inmuebles. Declaró que Martín Atondo había confesado haber sido contratado por Roberto Valenzuela Cárdenas para cuidar la casa de la calle Sinaloa 1425, donde se escondían el estupefaciente, las armas y los radios. Mencionó otras propiedades en Mulegé, Pescadero, Bellavista, Chiapas y Márquez de León, todas pertenecientes a Pioquinto López Rodríguez. Una secretaria espigada y curvilínea entraba y salía, ofreciendo café y agua. El delegado sudaba. Sus manos se restregaban una y otra vez sobre el pantalón de casimir inglés que su joven esposa universitaria le había regalado. Reveló que las órdenes de aprehensión contra Pioquinto y sus socios no habían podido cumplimentarse. No dijo, claro, que los mañosos habían pagado una cuota generosa para que esas órdenes se durmieran en un cajón. Habló también de las compraventas: la casa de Márquez de León 1699 vendida por Heliodoro Cerecer Moyrón a Pioquinto por 137 millones 500 mil pesos, escriturada a nombre de Eladio Piña Ochoa en la notaría de Armando Aguilar Gaxiola. La de Sinaloa 1425, donde un norteamericano llamado Clarence Edward había otorgado poder a Vidal Galindo. La de Mulegé 51, titulada a nombre de Rosenda Rodríguez, viuda de López, madre del propio Pioquinto. El delegado movía los teléfonos con dedos temblorosos. Su voz se volvía pastosa. Sudaba. Una gruesa gota le quedó colgando de la ceja derecha. Sacó un pañuelo blanco, muy fino, y se la retiró. Terminó diciendo que el juez de distrito había comisionado a su actuaria —su amante en turno— para que forzara chapas y rompiera cerraduras con tal de devolver la casa. Que los periodistas (antiguas madrinas de los Carrola) habían sido llevados para tomar fotos. Que la “propietaria” nunca apareció en persona. Que había firmas distintas, falsificaciones evidentes, complicidades que olían a billetes. Y al final, con la voz cargada de cinismo y miedo, dejó caer la verdad entre líneas: las mafias todo lo pueden. Que un magistrado del Tribunal Unitario de Mazatlán había recibido, seguramente, su parte para revocar la resolución y ordenar la devolución. Que la señora que se presentó como esposa del narco no tenía personalidad jurídica en el proceso, pero aun así se salió con la suya. Así eran las casonas de Carrola en Sudcalifornia: no simples casas, sino templos de la impunidad, donde se compraban y vendían voluntades, se falsificaban firmas, se torturaba en la oscuridad y se devolvían bienes manchados de sangre con la firma elegante de un notario primo del gobernador. Mientras el pueblo seguía sufriendo, las casonas permanecían en pie, mudas testigos de cómo el dinero del narco compraba notarios, jueces, delegados, abogados y periodistas. Y en el centro de todo, como una araña gorda y satisfecha, el bigote abultado de Miguel Ángel y la sonrisa helada de Jesús Ignacio vigilaban que nadie rompiera el pacto de silencio.