Evidencia final (21)

En las sombras polvorientas de Los Cabos, donde el sol del Pacífico besa con indiferencia las arenas que ocultan secretos, se tejió una crónica de sangre y traición que aún susurra entre los muros de la justicia olvidada. Era el año 1995, y el fraccionamiento Arco Iris —un nombre que evoca arcoíris de esperanza— se convirtió en el escenario de un infierno privado. Allí, Edith Agúndez Márquez, una mujer cuya vida se apagó entre forcejeos y navajazos, encontró la muerte no como un accidente del destino, sino como el clímax de una sinfonía perversa orquestada en las alcobas del poder. Jacinto Romero, con la pluma afilada como la navaja 007 de cacha de madera que segó diecisiete veces la carne de la víctima, tituló su denuncia en la revista Cárcel Propia con ironía constitucional: “Fuero Constitucional Para Un Asesino”. Subtítulos que rasgan como puñales: “Agravios al tribunal de alzada”, “Secreto de subprocurador” y esa interrogante que flota como un espectro: “¿Crimen perfecto?”. La confesión de Jorge Manuel Mogíca Martínez, aceptada con valor probatorio pleno por el juez mixto, era un relato crudo, casi cinematográfico en su brutalidad. Un “jale” de diez mil pesos: espantar a una muchacha. El compadre Enrique Sarmientos lo presentó al desconocido —de media filiación semejante a Jorge García—, quien le señaló la llave oculta en el domicilio del Arco Iris. Entró. Esperó veinticinco minutos en la penumbra vacía. Cuando ella llegó, el forcejeo los arrastró hasta el baño. Rodaron por el suelo como bestias en lucha. El brazo izquierdo rodeando el cuello desde atrás, los golpes, los piquetes precisos y feroces de la navaja. Diecisiete heridas. Luego, el desmayo, las manos amarradas a la espalda. La navaja tirada en el camino a casa; la ropa ensangrentada, abandonada en la palapa donde habitaba. Cuatro meses después, ante el Ministerio Público, esa declaración se erigió como pilar. Pero la procuraduría de entonces, bajo Fidencio Céspedes —destituido luego por sus enredos con el narcotráfico de Baturi—, ya olía a podredumbre institucional. El juez Giordano Amador, originario de Santiago, retuvo el proceso el tiempo justo para que, bajo Blanca Larriñaga (exdiputada local), apareciera un soplón once meses después: Genaro Valdez Arballo, alias el Rayado. Su testimonio de oídas —sin valor pleno— señalaba al Paisa, al Cande y a Lupe la Güera como los autores del “jale” mortal contra Edith. Candelario Ríos Martínez, alias el Cande, detenido en agosto de 1996, confesó asistido por su defensor. Un encuentro casual en el muelle, una invitación a delinquir (palabra demasiado pulida para labios callejeros), el paso por el restaurante Acapulco donde vivía con su madre y Lupe la Güera. La colonia Acuarios a las once de la mañana. Él afuera, escuchando gritos de mujeres. El Paisa saliendo con el cuchillo ensangrentado: “Ya valió madre, vámonos a la chingada, ya la chingué”. Y la mención casual a Lupe la Güera comprando coca con “el Bigotes”. Mientras tanto, Lupita de la Peña —Guadalupe de la Peña— vivió su propio calvario. El domingo 30 de julio de 1995, tras un incidente familiar la noche anterior, fue a la casa de Edith. Silencio. Ventanas. El llanto del niño pequeño, como un lamento profético. Al asomarse a la recámara: desorden, sangre. Huyó para no enredarse con los “abusivos judiciales”. Pronto, la sospecha la envolvió como una red. Imputaciones periodísticas, presiones de un organismo fantasma financiado por manos invisibles. Arraigo domiciliario. La sociedad cabeña clamaba por culpables visibles: ella o Sebastián Romo, quien se acusaban mutuamente en un duelo de sombras. El reportero desenterró más. Enrique Sarmientos, trabajador de Ricardo Araos —suegro de Sebastián Romo—, había traído a su compadre Jorge Manuel de Acapulco una semana antes. Mogíca, exjefe de grupo de la policía judicial y empleado de seguridad hotelera, sabía torturar. La escena del crimen gritaba expertise: un perfil de dolor metódico. Entrevistas reveladoras: Cornelio Cabral, exsecretario particular de Larriñaga, contó cómo el subprocurador Gordon Morales platicó con Sebastián Romo, quien admitió que su suegro Ricardo Araos confesó que “asustaría” a Edith. Conversación no grabada, según unos; existente, según el discurso de la diputada Dominga Zumaya. Al publicarse el secreto, el subprocurador fue cesado. Trascendió que el juez Giordano recibió setenta mil dólares. Removido, se le ofreció plaza en Loreto, pero la rechazó. Llegó el joven Miguel Darío Ramírez Audevez. El soplón se retractó en abril de 1997: no era Guadalupe de la Peña, sino otra Lupe la Güera, Guadalupe Montaño. Candelario también rectificó: conoció a Guadalupe de la Peña solo el día de su detención; la verdadera convivía con él en el mundo de la droga. Los agravios de la defensa de Guadalupe denunciaban manipulación: confrontación ministerial del 21 de agosto de 1996 como maquinación para involucrar a una inocente. El fallo condenaba a Jorge Manuel y, paradójicamente, a Guadalupe por el mismo crimen, sin explicar la conexión. Dos historias paralelas: el “jale” con un sujeto desconocido afuera (Mogíca) y el Paisa afuera (Cande). Veinticinco minutos de espera idénticos. Inferencias que apuntaban a un mismo autor intelectual, a indicaciones de Sebastián, a una dama extraña protegida. Jacinto Romero concluía con fuego: el tribunal de alzada podía ordenar la reposición del proceso, liberar a Guadalupe —inocente demostrada— y obligar a la procuraduría a revelar la conexión real. De lo contrario, la Suprema Corte podría soltar al verdadero asesino, convirtiendo a jueces y fiscales en cómplices de lo que parecía, hasta entonces, un crimen perfecto. La revista llegó a manos de Salvador Vidaurri, quien se sintió acorralado. Llamó furioso a Sebastián Romo, exigiéndole denuncia penal contra el periodista, o se revelaría que la defensa de Jorge Manuel era pagada por él. Nervioso, Sebastián ordenó buscar la revista para formular la querella. La Providencia, caprichosa como el viento del desierto, llevó a Jacinto al Congreso del Estado. Un diputado de su fracción le advirtió inocentemente: “Te andan buscando para comprarte la revista”. “¿Quién?”. “Sebastián”. El sexto sentido del periodista se encendió. Sergio Flores y un abogado panista de cabellera a lo Frankenstein aparecieron. Jacinto vendió suscripciones anuales a doscientos pesos. Luego, en confidencia con el diputado, “reveló” (bluff magistral) haber grabado la llamada exigiendo la denuncia. El rumor se expandió como pólvora entre los panistas. Al día siguiente, Sebastián cambió de parecer: “No tiene caso caer en ese juego”. Lo que temía era que las evidencias del reportero salieran a la luz. La Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, con el magistrado ponente Enrique Valerio Ortega Romero, absolvió a Guadalupe de la Peña y a Candelario Ríos Martínez, ratificando la condena de Jorge Manuel como asesino material. Una oportunidad para que la procuraduría demostrara las conexiones reales. Pero en 1999, con el cambio político, Pompín Segundo —abogado del grupo hotelero cercano a Sebastián— tomó la Procuraduría. Nombró fiscal especial a Julio Ochoa, un mandadero sin talla para el caso. Citó a periodistas; solo Jacinto acudió, para burlarse. El expediente “estaba muy manoseado”. La nueva averiguación no avanzó: solo comilonas con caguamas y viáticos. El panorama se oscureció más. Murió misteriosamente en un accidente de tránsito Leonel Castro Cadena, exdefensor de Guadalupe, quien había recibido amenazas si ella salía libre. Así, el asesinato de Edith Agúndez Márquez quedó como una herida abierta en la memoria de Los Cabos. Impune en cuanto a los verdaderos conspiradores —esos que ordenaron no solo asustar, sino torturar y matar, cargándole la mano a quien solo debía atemorizar—. Un crimen que, como las olas del Pacífico, sigue golpeando la costa de la justicia mexicana: implacable, eterno, y aún sin resolver del todo. En las páginas de Cárcel Propia, Jacinto Romero no solo denunció un homicidio; levantó un espejo roto ante el rostro de un sistema donde el fuero se convierte en escudo para asesinos, y la verdad histórica se vicia entre sobornos, retractaciones y silencios cómplices. La pluma del periodista, como la navaja en el baño, dejó su marca: profunda, sangrante, imborrable. Y en la eternidad de los expedientes manoseados, Edith sigue esperando que alguien, algún día, rompa el hechizo del crimen perfecto. fin